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| El subinspector Francisco Anguas |
El 25 de septiembre de 1973 fue asesinado el Subinspector de
la Policía Armada
D. Francisco Anguas, de 24 años. El autor de los dos disparos
que terminaron con la vida de Anguas fue Salvador Puig Antich, un miembro
activo del Movimiento Ibérico de Liberación-Grupos Autónomos de Combate (MIL)
de ideología comunista-libertaria que había participado en varios atracos a
sucursales de entidades bancarias.
El 8 de enero de 1974 un tribunal militar, que de acuerdo
con el Código de justicia militar era la jurisdicción competente para el
enjuiciamiento de los asesinatos de miembros de las fuerzas de orden público,
condenó a Salvador Puig Antich a la pena de muerte. La sentencia condenatoria fue ratificada por
el Consejo Supremo de Justicia militar mediante sentencia de 11 de febrero de
1974, que ordenó su ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Justicia
Militar, la ejecución de las sentencias de condena a la pena capital debían
notificarse al Consejo de Ministros que debía dar el enterado. Es decir, no se
trataba de un acto administrativo discrecional, sino reglado u obligado, por lo
que conforme a lo que establecía la ley, el Consejo no podía denegar el
enterado, que era tan sólo la confirmación de que se había cumplido el trámite
legal de la notificación previa de la ejecución de la sentencia.
A estos efectos, la Ley Orgánica del Estado en su artículo 6
atribuía con carácter exclusivo el ejercicio del derecho de gracia al Jefe del
Estado, modificando la Ley de Gracia y Justicia que desde 1870 confería tal
derecho al Consejo de Ministros.
El Ministro de Justicia informó al Consejo de Ministros reunido
el día 2 de marzo de 1974 sobre la notificación de la próxima ejecución de la
sentencia por parte del Consejo Supremo de Justicia Militar, cumpliéndose así
el trámite legal establecido, sin que el Jefe del Estado ejerciese en aquél
caso el derecho de gracia.
Puig Antich fue declarado culpable con pruebas irrefutables
del asesinato, siendo condenado a la pena establecida legalmente para el
asesinato de miembros de fuerzas del orden. Es importante señalar -pues hasta en esto ha mentido la izquierda con tal de presentar a Puig Antich como una víctima de la "represión"- que hasta sus propios compañeros, en memorias y entrevistas, han reconocido que
Puig Antich fue quien asesinó al Subinspector Anguas.
Independientemente de los hechos, que no admiten más discusión pues hasta el Ttibunal Supremo recientemente rechazó revisar el caso por falta de elementos que lo justificasen, es necesario recordar que en aquél contexto histórico, la
pena de muerte estaba vigente en la mayor parte de
los países de nuestro entorno y no digamos en el paraíso comunista de la URSS, en el que se ejecutaba sin juicio previo a cualquier disidente político. En Francia,
el
último ejecutado con guillotina en Francia fue el
inmigrante de origen tunecino Hamida Djandoubi
el 10 de septiembre de 1977, siendo abolida en 1981. En el Reino Unido, fue abolida
en 1998. En Estados Unidos, sigue vigente en muchos Estados de la Unión.
Por supuesto, en Cuba, China, Corea y todos los países comunistas tan ardientemente defendidos por Podemos, sus confluencias y compinches, se encuentra plenamente vigente y se aplica con profusión, por motivos estrictamente políticos y en alguno de estos países se ha ejecutado a un Ministro de Defensa con un cañón de artillería por tener el atrevimiento de dormirse en un desfile militar (aunque seguramente Rufián o Garzón (el mozo de espadas de Podemos) le encuentran una justificación a tamaño delito alegando que sería un espía fascista o contrarrevolucionario.
Estos son los hechos, que la ultra izquierda ha venido
manipulando ad nauseam desde hace años con el objeto de presentar la ejecución
de Puig Antich como un crimen de lesa humanidad, poder convertir a dicho atracador en un "mártir de la libertad" y poder culpar de ello a
quienes en aquél momento formaban parte del Consejo de Ministros.
Así, bajo la inspiración y auspicio del exjuez prevaricador
Baltasar Garzón, la extravagante jueza de extrema izquierda María Servini en
Argentina dictó un delirante Auto en el que declarándose competente para el
enjuiciamiento de los hechos ocurridos en España en base al principio de
justicia universal, imputaba a todos los miembros del Consejo de Ministros no
fallecidos, un delito de lesa humanidad consistente en la “convalidación con su
firma de la ejecución de Salvador Puig Antich”, dictando una orden internacional
de detención contra ellos. Ni que decir
tiene que la Interpol no dio curso a la citada orden por tratarse de un proceso
con motivaciones políticas y que la justicia española rechazó de plano
cualquier petición de la Jueza argentina por carecer manifiestamente de
jurisdicción para el enjuiciamiento de unos hechos que en modo alguno podían
constituir delito de clase alguna.
Pese a ello, el aparato propagandista de la izquierda no tuvo
reparos en culpar a ministros como Carro, Fernando Suárez o José Utrera Molina
(que ocupaban las carteras de Presidencia, Trabajo y Secretaría General del Movimiento)
de “convalidar” la ejecución del asesino del policía Anguas. Y siguiendo la
estrategia estalinista de convertir una mentira en verdad a base de repetirla
hasta la saciedad, dicha intoxicación ha alcanzado a los dirigentes de partidos
tan “demócratas” como Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña que no pierden
ocasión para repetir dicha mentira en las redes sociales y hasta en el
parlamento nacional ante el silencio de la mayoría.
Cuentan con que a la mayor parte de la gente todo esto le
importa una higa y generalmente no encuentran ninguna contestación, por lo que
no encuentran obstáculos para dejar sembrada en internet tan repugnante y falaz
especie.
Pues bien, aunque muchos obligados moralmente a contestar
han decidido dejarlo pasar, algunos hemos decidido decir basta a las mentiras
de la izquierda y hacerles frente con la ley en la mano. Al día siguiente del fallecimiento de mi
padre, en un ejercicio de colosal bajeza y mezquindad el diputado Rufián se
lamentó de que mi padre hubiese muerto en la cama pese a “haber firmado la
sentencia de muerte de Puig Antich” (sic). Cualquiera puede entender que en esos días sus
deudos se dedicasen a todo menos a hacer caso a las especies de semejante
congénere.
Pero el pasado 2 de marzo, aniversario de la ejecución del
asesino del policía Anguas –de quien sólo se acuerda su familia-, volvió a la
carga, seguido por alguno de sus secuaces, como la inefable Teresa Rodríguez de
Podemos Andalucía y otros conmilitones, haciendo un llamamiento público para
que nadie olvide que quienes firmaron la sentencia de aquél criminal hayan
muerto en la cama.
Y esta vez han tenido la mala suerte de que han topado con
quienes no estamos dispuestos a que se mancille nunca más el nombre de nuestro
padre con mentiras y patrañas, hartos ya de tanta mezquindad y de tanta calumnia
impune. Esta es la razón por la que hemos decidido acudir a la justicia para
que, de una vez por todas, los mentirosos, los calumniadores profesionales y
los manipuladores, respondan de sus actos y no se regodeen en la impunidad. Que
se rasquen el bolsillo y Dios mediante, sean condenados por mancillar con
mentiras el honor de un hombre grande como mi padre.
Y de paso, para que quede en las redes como testimonio de la
utilización de la mentira y la intoxicación por parte de la izquierda de unos
hechos en los que la única víctima que merece el recuerdo y homenaje de todos
los españoles se llamaba Francisco Anguas, a quien un terrorista de ultraizquierda,
atracador y asesino, segó para siempre la vida a los 24 años de edad.
LFU
