El sistema liberal parlamentario
surgido de la Constitución de 1978 está basado teóricamente en el principio del
mandato representativo en virtud del
cual, la relación representativa de los diputados y senadores proviene de sus
electores, sin que en el ejercicio de su función representativa quepa la
imposición de ninguna mediación ni de carácter territorial ni de carácter
partidario. Es más, el artículo 67.2 de la Carta Magna prohíbe expresamente el
mandato imperativo, si íoasbien dicha prohibición no está pensada tanto en el de
los electores sino en el de los partidos políticos.
Pero la realidad es que los
partidos políticos, verdadero “electorado” de diputados y senadores –cuyos
sanedrines deciden quién se presenta y quién no- han convertido en papel mojado
la norma constitucional, estableciendo en la práctica un férreo mandato
imperativo sobre los representantes en Cortes, anulando de forma absoluta su
carácter representativo, mediante sanciones y amenaza de exclusión.
Ello convierte a diputados y
senadores en auténticas comparsas o mariachis perfectamente prescindibles, pues
bastaría con que las direcciones de los partidos elegidos apretasen el botón
correspondiente con el número de escaños obtenidos cada vez que toca votar y
nos ahorraríamos los españoles el sueldo de 350 diputados y 266 senadores, más
el gasto inherente a sus escaños.
Esta realidad incontestable adquiere
tintes verdaderamente escandalosos en el actual escenario surgido del resultado
dos elecciones sucesivas y a las puertas de unas terceras. Naturalmente sus
Señorías han percibido puntualmente sus emolumentos y generosas
indemnizaciones por la disolución de las
cámaras, pero salta a la vista que ninguno de los 350 diputados se considera
concernido por la opinión de sus electores –y contribuyentes- sino que obedecen
ciegamente las consignas de su verdadero electorado, que no es otro que la
cúpula de su partido. Ni una sola voz
entre tantos parlamentarios –tampoco los que presumen de ser “las fuerzas del
cambio” o “la nueva política”- se ha dignado alzarse para reivindicar el
mandato representativo y tratar de desbloquear la situación, incluso
enfrentándose al criterio de sus partidos. Ninguno de ellos siente el peso de
otra responsabilidad que la de seguir sin rechistar la disciplina establecida
por quienes han tenido la amabilidad de colocarlos en tan provechoso
cargo.
Siendo las cosas así, tal vez
habría que plantearse si el sueldo de sus señorías debe salir del bolsillo del
contribuyente o de las arcas de sus partidos, porque a éstos deben su escaño,
sólo ante ellos responden y sólo a ellos obedecen. Medios y analistas se rasgan las vestiduras
ante la contumacia de los partidos en el actual bloqueo pero nadie denuncia el
verdadero cáncer de nuestro sistema que no es sino la falta clamorosa de
representatividad –y de dignidad- de los representantes del pueblo que asisten tan
cómodos como impávidos al juego de estrategia de los jefes de sus partidos -quienes,
con olímpico desprecio a España y a los españoles, sólo se guían por las
perspectivas de poder- olvidando que las prebendas de su cargo vienen de su
condición de representantes de la soberanía popular y son los ciudadanos los
que empiezan a estar ya hasta las narices de tanta desvergüenza y falta de
responsabilidad.
Más vale honra sin escaño que
escaño sin honra, pero mucho me temo que se disolverán de nuevos las cámaras y
no habremos visto a ni uno sólo de los 616 padres
de la patria reclamar en voz alta su derecho y su deber de velar, antes que
por los intereses de sus partidos, por
los intereses de España y de los españoles, a quienes en teoría representan y
de quienes reciben sus pingües emolumentos.
Luis Felipe Utrera-Molina Gómez
Abogado
