"Ni amnistiados ni prescritos". Por Fernando Suárez González

Pocos se acuerdan ya de D. Lucio Rodríguez Martín, el joven y modesto policía armado que, once meses después de ingresar en el cuerpo y vestido de uniforme, prestaba servicio de vigilancia en las oficinas de la compañía Iberia, en la calle Alenza de Madrid, el 14 de julio de 1975. Eran aproximadamente las diez de la noche cuando un comando del llamado Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (el FRAP de tan triste memoria) le disparó por la espalda. Lo habían escogido al azar, después de recorrer en un coche robado diversas zonas de Madrid buscando al que les iba a resultar más fácil. La propia organización se atribuyó el crimen, en comunicados a diversos periódicos de Madrid. 

Lo enterraron en Villaluenga, en la provincia de Toledo, donde vivía también su jovencísima novia, con la que se disponía a contraer matrimonio. Los padres y hermanos del policía Rodríguez Martín, como los de tantas otras víctimas anteriores y posteriores, no podían entender la razón de tanta crueldad, que era, efectivamente, irracional.

La eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad fue, en aquel caso, total, y en setenta y dos horas fueron detenidos el organizador y los cuatro ejecutores materiales. El consejo de guerra que juzgó aquella causa condenó a la pena de muerte a tres de los implicados y a las penas de reclusión de treinta y veinticinco años, respectivamente, a los otros dos.

Estamos hablando de 1975 y es forzoso recordar que cinco años antes el Jefe del Estado había indultado de la pena de muerte a seis terroristas condenados por un consejo de guerra que había tenido lugar en la ciudad de Burgos. Entre aquel indulto y julio de 1975 se produjeron en España cuarenta y dos asesinatos a manos de bandas terroristas, entre ellos los del presidente del Gobierno, el almirante D. Luis Carrero Blanco, su conductor civil, D. José Luis Pérez Mogena, y su único policía de escolta, D. Juan Bueno Fernández, y los de las doce víctimas que fueron sacrificadas por la bomba de la cafetería Rolando, en la calle del Correo.

Junto con el aludido consejo de guerra que condenó a los asesinos de D. Lucio Rodríguez Martín, otros tres juzgaron a los autores de los asesinatos del cabo de la Guardia Civil D. Gregorio Posadas Zurrón, del teniente de la Guardia Civil D. Antonio Pose Rodríguez y del cabo de la Policía Armada D. Ovidio Díaz López, imponiendo otras ocho penas de muerte. 

El Consejo de Ministros se enteró, como era obligado, de aquellas sentencias, algunas confirmadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar, y el Jefe del Estado conmutó por treinta años de reclusión las penas de muerte impuestas a seis de los autores que, aun habiendo prestado su imprescindible colaboración (conduciendo el coche, aportando las pistolas, facilitando la munición o cubriendo la retirada) no habían sido autores materiales de los disparos. Es rigurosamente falso que los ministros impusieran pena o firmaran documento alguno. Como lo es también que el terror de aquellos años tuviera como argumento pretendidamente legitimador la lucha por la democracia.

Si no bastara la consideración de que un verdadero demócrata jamás utilizará la violencia para defender proposición alguna, la vil mentira quedó de manifiesto cuando, aprobada la ley para la reforma política que nos situaba en el camino de la democracia e incluso aprobada la Constitución que consagraba felizmente la Monarquía de todos y estructuraba definitivamente la democracia tantas veces fracasada entre nosotros, se produjeron aún más de setecientos atentados terroristas. Sostener que la democracia española le debe algo al terrorismo es una burda falsificación.

A poco sentido que tuviéramos, sabíamos que se aproximaban tiempos de cambio y que nuestra imagen de políticos sufriría un serio deterioro por las exigencias de la lucha antiterrorista, pero, sin perjuicio de las matizaciones que algunos hicimos y que el juramento impide revelar, teníamos el convencimiento de que la política no es el «arte de negociar la conveniencia propia» –como la definió peyorativamente el padre Feijóo–, sino «profesión de hacer bien a muchos, aun con pérdida propia», como acertó a decir el beato Juan de Ávila.

Quienes vivimos aquellos dramáticos momentos sabemos bien que en las desmedidas protestas suscitadas en algunas capitales europeas había mucho más de ataque a Franco que de petición de clemencia, y sabemos también quiénes cerraron el camino a cualquier benignidad. Cuando en julio y septiembre de 1976 Valery Giscard d´Estaing no tuvo a bien ejercer el derecho de gracia y la hoja de la guillotina cayó sobre el cuello de criminales franceses, no se conmovieron los que se oponen a la pena capital en función de quien la aplique.

Casi cuarenta años después, cuando ya no existe ese duro castigo, cuando creíamos que había sido posible la concordia, cuando España podría tener ante su futuro los más amplios horizontes de convivencia democrática, se intenta resucitar el odio al adversario y parece buscarse una infame revancha, intentando ennegrecer el prestigio y la honra de algunos intachables gobernantes que en el pasado trabajaron, con decencia impecable, por el desarrollo cultural, económico y social de España. No tengo espacio para trazar el perfil de los ministros de los que hablan estos días los medios de difusión, y quiero solo dejar constancia de que de todos ellos –de todos– me siento solidario.

En algunos casos, todavía no ha comentado ningún creador de opinión que la juez argentina que pretende encausarnos actúa, no sé si por mala o por ignorante, a instancia de tres de los participantes en el asesinato del policía armado de que hablaba al principio. Indultados por Franco y amnistiados por la ley de octubre de 1977, pretenden ahora, con pasmosa inverecundia, que se olviden sus delitos y que se persiga a quienes aplicaron las leyes entonces vigentes. 

La magistrada no se ha dirigido jamás a ninguno de nosotros, que somos lo suficientemente notorios como para localizarnos con bastante facilidad. Ha viajado por España dedicada a sus pesquisas y sin el menor interés en hacernos una sola pregunta y se descuelga ahora con la petición de extradición a Argentina para una «declaración indagatoria», en un auto que por cierto ordena comunicar a los querellantes, seguramente para trasladar el escándalo a la prensa, pero que en ningún momento hace llegar a los ciudadanos perseguidos.

Para añadir confusión a tanto desatino, hay algunos preclaros responsables actuales que pretenden eludir el problema recurriendo a prescripciones y amnistías, lo que equivale a aceptar que hubo delitos, y por eso no vamos a pasar. Indague cuanto quiera la juez rioplatense, pero tiene muy poco que indagar: Todo ha sido notorio, conocido, publicado mil veces y sabido de sobra por los electores de 1982, de 1986, de 1987 y de 1989.

Ni delitos, ni prescripciones ni amnistías. Excuso decir la tranquilidad con que espero que me vengan a detener policías o guardias civiles, compañeros de los centenares que fueron víctimas del terrorismo que ensangrentó España y a quienes somos muchos todavía los que no vamos a olvidar. 

Cuatro mentiras gruesas sobre el Valle de los Caídos

1.       Una obra faraónica en tiempos de miseria.  El Valle de los Caídos no costó una sola peseta al erario público. El 75% de su coste se financió con el sobrante de la “suscripción nacional”, las donaciones voluntarias al bando nacional durante la guerra civil y el 25% restante con los ingresos derivados de dos sorteos extraordinarios de Lotería Nacional a partir de 1957.

2.       Construido por mano de obra “esclava”. En su construcción participaron principalmente trabajadores libres y un porcentaje menor de presos (inferior a 2.000 en total y nunca más de 750 a la vez), entre los años 1942 y 1950, en régimen de redención de penas.  Todos ellos eran voluntarios, que debían solicitar ser destinados a dicha obra con lo que reducían

el tiempo de su condena por este medio (primero 3 días de condena por día de trabajo y luego 6 días de condena por día de trabajo), además de cobrar un salario exactamente igual al de los trabajadores libres. Además, disponían de una serie de ventajas (seguros sociales, amplia libertad de movimientos y trato normal con empleados libres, visitas, estancias y colegio para familia e hijos, mejor alimentación, etc.).  Muchos de ellos continuaron trabajando como libres después de redimir su tiempo de condena.

3.       “Miles de muertos” en su construcción.-  El médico de las obras, D. Angel Lausín a la sazón, preso redimiendo condena contabilizó un total de 15 accidentes mortales entre 1943 y 1962, tanto de trabajadores libres como de presos que redimían condena, lo que teniendo en cuenta las colosales dimensiones de la construcción, la duración de la misma y las medidas de seguridad entonces vigente.

4.       El “mausoleo” de Franco.   Todo parece indicar que Francisco Franco jamás pensó en ser enterrado en el Valle de los Caídos. Nada dejó por escrito y tampoco dijo nada a su familia. De hecho, tanto él como su mujer tenían preparado un pequeño panteón en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio que Franco visitó y al que eliminaron algunos adornos por haberlo considerado excesivamente suntuoso. La decisión la tomó el Consejo de Ministros presidido por el Rey Juan Carlos, tras preguntar a su familia si había dejado alguna indicación al respecto, firmando el primero y único de sus Decretos con la fórmula tradicional de “yo el rey”.  Comunicado a la comunidad benedictina, hubo que hacer un agujero a toda prisa en la parte posterior del presbiterio  desviando los conductos de calefacción que pasaban por dicho lugar (lo que explica bien que nunca se pensó que aquél lugar alojase ningún enterramiento). Uno de los monjes recordaba que al enterrar a José Antonio, la primera de las losas de granito que sirvió una cantera de Collado Villalba fue desechada por no tener las dimensiones requeridas, por lo que llamó a la cantera por si la conservaban. Ante la respuesta afirmativa, pidió que grabaran por la parte posterior el nombre de “FRANCISCO FRANCO”. Así que el reverso de la lápida que hoy puede verse en la Basílica lleva escrito el nombre de “JOSÉ ANTONIO”. 

LFU

«Podemos» o el espíritu de la Cheka

La campaña de acoso y derribo contra el periodista de Tve Sergio Martín por la entrevista a Iglesias Turrión por parte de la izquierda chequista, instalada desde hace décadas en el Consejo de Informativos de la televisión pública, es un síntoma más de la eficacia e impunidad con la que la cheka acúa en la represión de cualquier actitud desviacionista o contrarrevolucionaria.

Resulta quimérica una condena semejante a periodistas chequistas como Wyoming, Sopena, Llamas o a otros más taimados como la incisiva Ana Pastor por parte de un partido del centro derecha, por supuestos agravios a un líder de su espectro ideológico. Al día siguiente de intentarlo, toda la progresía cejijunta, con Pilar Bardem a la cabeza organizaría un casposo y multitudinario aquelarre tricolor en defensa de la libertad de información.

Sergio Martín no hizo más que colocar a Iglesias frente a sus propias mezquindades, en un acto de osadía poco frecuente dado el sesgo a babor de la mayor parte de sus compañeros de profesión.

Iglesias ha señalado más de una vez públicamente la conveniencia de que los presos de ETA salgan de las cárceles, por lo que a nadie debe extrañarle que se le tenga por satisfecho por haberse cumplido su deseo. El problema es que al final, todos los chequistas, acostumbrados a pastar entre sumisos correligionarios, se arrugan a la interperie. No ha tenido el valor de mantener ante millones de españoles lo que arenga en sus homilías podémicas ante el populacho hambriento de circo.

Iglesias se aleja así de la frescura original, rompedora y revolucionaria de su primer momento, para instalarse en el ámbito de la corrección política de su denostada “casta”. La sangre inocente derramada por Santi Potros ha hecho que se tenga  que tragar inesperadamente sus palabras y eso no le ha gustado nada.  Por eso envía a sus perros de presa contra el osado entrevistador que acaba de ingresar en las nutridísimas filas de “fascistas” a los que arrojar a los leones.

LFU 

El PP y el voto del miedo

No descubro la pólvora si digo aquí que el Partido popular a estas alturas, tiene toda la esperanza puesta en el miedo al advenimiento de PODEMOS como su única tabla de salvación de cara a las próximas generales.  Arriola es malo, pero no tonto y tiene abducida a la cúpula del partido que ve como la tierra se empieza a mover bajo sus pies.

Como todo partido que aspira a conquistar la mayor cuota posible del electorado, el Partido popular hace tiempo que renunció a los principios propios de su electorado tradicional, limitando sus objetivos al buen hacer en materia de política económica y a la defensa de principios genéricos políticamente correctos como la Constitución, el progreso , la democracia, etc… evitando la defensa de cualesquiera valores o principios comprometidos, especialmente los de carácter moral, que pudiera ocasionarle una fuga de votos.

Si ha podido hacerlo es gracias a costa de despreciar olímpicamente a una parte de su electorado- precisamente aquél que defiende los valores tradicionales de la derecha española- al cual considera absolutamente cautivo y extraordinariamente perezoso a la hora de considerar nuevas alternativas, ante el miedo a que los zarrapastrosos de PODEMOS pudieran gobernar en España.

Esto no es nuevo, pues ya desde Aznar la búsqueda del centro comenzó a desnaturalizar a la sucesora de Alianza Popular. Lo que sí es una novedad son las formas, pues frente a la sinuosa estrategia del pasado, ahora los modos han sido harto más groseros y desafiantes. Primero la retirada de la reforma de la ley del aborto presentada descaradamente por Rajoy como “lo más sensato”, y apelando a un imposible “consenso” (una vez más el lenguaje políticamente correcto) y después, la absoluta claudicación ante el independentismo catalán concretado en una catastrófica gestión de los sucesos del 9 de noviembre en el que el Estado de derecho desapareció ante la crónica de un delito anunciado, han constituido un duro golpe para ese electorado cautivo que se empieza a resquebrajar.

Rajoy se equivoca fiándolo todo al miedo. Muchos miles de votos como el mío –que tapándome la nariz les di hace tres años- están ya irremisiblemente perdidos, pues ya estoy harto de sonreir cuando me escupen a la cara. Es la hora de una nueva alternativa que recoja la desilusión de miles de españoles que creemos en la vida frente a la cultura de la muerte, que creemos firmemente en España y no estamos dispuestos a asistir impasibles al desmantelamiento de una unidad secular ni al mercadeo continuo con los nacionalistas mirando para otro lado mientras se incumple todos los días la ley en una región española.

Ha sonado la hora. Si queremos cambiar la realidad actual, el cambio tendrá que venir de nosotros mismos, pues nadie va moverse por nosotros. Si no lo hacemos, acabaremos siendo cómplices de nuestro propio desprecio como españoles.

LFU

El abrazo de las dos Españas

58 después se han vuelto a encontrar. Tras la emocionante llamada de solidaridad del viejo militante comunista, Benito García "El Trilla" (96 años), mi padre decidió ir a visitarle por sorpresa a la residencia de Ciudad Real en la que vive con su mujer para abrazarle, acaso por última vez. Los dos han llorado y han reído. Ha sido una mañana luminosa en la que un viejo falangista y un viejo comunista, dos españoles de bien, se han abrazado y emocionado juntos. Esta imagen es de hace una hora, pero debería servir como una lección de vida frente a los que quieren volver a enfrentar a aquellas dos Españas, que si ayer eran capaces de helar los corazones hoy han quedado así fundidas en un abrazo fraternal.

LFU

Luis Felipe Utrera-Molina en COPE

La intervención en el Programa "La Tarde" de Cope ayer, a partir del minuto 11 podéis escucharla pinchando aquí

LFU

Nota de prensa de D. José Utrera Molina

NOTA DE PRENSA

En relación con las noticias publicadas relativas a mis responsabilidades como ministro durante el Régimen anterior, y en defensa de mi honor afirmo:

1.   Mi condición de ministro y el ejercicio de las responsabilidades propias de dicho cargo no constituye, ni ha constituido ni en España, en Argentina, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, delito alguno.

2.   La supuesta acción judicial instada desde la judicatura argentina contra mí y otros miembros del gobierno de la nación, no puede ser considerada como tal. Constituye una iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal, por carecer de fundamento legal alguno.

3. La imputación de supuestos crímenes o delitos derivados  del cumplimiento de mis responsabilidades políticas es una calumnia y un atentado contra mi honor, y no descarto ejercer las acciones judiciales pertinentes en mi defensa.

José Utrera Molina

Noviembre 2014.