Confieso que me revientan los linchadores profesionales, los
oportunistas y los envidiosos encantados con la desgracia de los demás. Todo
este amplio y variado género –tan abundante en nuestra sociedad- ha salido con
el cuchillo en la boca para despellejar a los flamantes usuarios de las
tarjetas opacas de Caja Madrid/Bankia sin pararse a pensar que, la inmensa
mayoría de ellos, en circunstancias similares, habría quemado la dichosa
tarjeta sin pensar dos veces lo que estaba haciendo.
Dicho lo anterior, lejos de mí tratar de justificar a los
privilegiados que hicieron uso de la tarjeta confiando en que formaba parte de
su retribución y que el Banco pagaba por dichos ingresos a Hacienda. Desde luego, si los agraciados con la tarjeta
fueran personas sin formación, aunque la ignorancia de la ley no exime de su
cumplimiento, qué duda cabe que el reproche moral sería considerablemente menor
pues son pocos los que entienden algo de este galimatías en el que se ha
convertido la legislación tributaria. Pero si resulta que el usuario de la
tarjeta es nada menos que un ex ministro de Economía y Hacienda, la negligencia
en saber que hay que practicar retención por los ingresos que se perciben e
incluirlos en la declaración del IRPF es absolutamente imperdonable.
De ahí que, en la inmensa mayoría de los casos –sino en
todos- resulte absolutamente inexcusable el supuesto error padecido al no
tributar por dichos ingresos, puesto que dicho error podría haber sido fácilmente
evitable empleando una diligencia media, exigible en todo caso a miembros del
Consejo de Administración de una entidad financiera.
Otra cosa es el espectáculo bochornoso y muy probablemente
delictivo –o cuando menos merecedor de una sanción por la escrupulosa Agencia
de Protección de Datos- de hacer
públicos los gastos realizados por cada uno, ya fuera en lenocinios o en establecimientos
de arte sacro. Esto era absolutamente innecesario
salvo para echar más leña al fuego y alimentar las fauces revolucionarias de
Podemos. Que cada uno pague lo que deba,
con las sanciones que correspondan y si la cuota pasa de 120.000, procédase por
delito fiscal, pero no hay derecho a que además le desnuden a uno en la plaza
pública para regocijo de los linchadores de cada aldea.
Yo que Goirigolzarri y los que desde arriba le amparan estaría algo inquieto pues la venganza
es un plato caliente que se sirve frío y hay que estar limpio como una patena (cosa rarísima tanto en la banca como en la política) para aguantar la resaca que más pronto que tarde, acabará llegando. Al
tiempo.
LFU