Zapatero sabe que no puede reducir el gasto público sin que los sindicatos le tosan y empiecen a lloverle las protestas. Sólo un enajenado es capaz de haber creado en el primer trimestre de 2010 nada menos que 58.900 nuevos empleos públicos. Sólo un irresponsable puede crear 200.000 nuevos empleos públicos en el mismo período en el que se destruyen 2.500.000 de puestos de trabajo. Sólo un auténtico sinvergüenza puede multiplicar por dos en el último año la asignación a los sindicatos, con tal que le den “algo de cariño”.
Estos datos son significativos. Hay otros que lo son menos y se prestan a la demagogia aunque merece la pena dar cuenta de ellos pues contribuyen a aumentar la sensación de impotencia y preocupación sobre nuestro futuro: En un país abrumado por la crisis y el desempleo, el gobierno ha repartido más de seis millones de euros –solamente en los años 2007 y 2008- entre las diferentes “asociaciones de la memoria histórica” y acaba de regalarles otros cuatro millones de euros. Al mismo nivel cabe colocar el dispendio que se pretende realizar en el Senado –esa cámara tan útil- para que cada senador hable en la lengua vernácula que le venga en gana (1,2 millones de euros) y todos pueden entenderle. Más angustioso resulta ver cómo ese engendro de Ministerio de Igualdad tiene un presupuesto de 40 millones de euros para gastarlos en enseñar a los españolitos la búsqueda del placer a falta de pan que llevarse a la boca, en perseguir a los empresarios para ver si cumplen las cuotas y para proteger y fomentar el negocio de los que se lucran segando vidas inocentes. Y qué decir del derroche imparable del sistema autonómico...
En medio de tanta prodigalidad, la España del 20% de paro, está sufriendo un gravísimo ataque, sin precedentes, a la espina dorsal del Estado de Derecho: (1) el inaudito ataque al Tribunal Supremo por parte de los sectarios muñidores de la memoria histórica jaleados por miembros del propio gobierno y alentados por el silencio cómplice de su Presidente y (2) el acoso y desprecio al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de la Generalidad catalana y de su Parlamento, a cuenta de un engendro legal llamado Estatuto de Cataluña, en el que se empeñó el inútil de Zapatero a quien le dan igual las consecuencias de sus actos y cuya constitucionalidad niega rotundamente hasta el más párvulo estudiante de primero de derecho.
El problema de España, hoy, es que cualquier barbaridad se ha convertido en creíble. Los mercados son sensibles a esta inseguridad y la inversión extranjera se aleja de España como de la peste. Ante esta situación, sólo caben dos salidas. Un adelanto electoral o un Gobierno de concentración nacional. Ni la una ni la otra son aceptables para ZP, empeñado en agotar su mandato para poder hacer aún más daño y reluctante a admitir su propia inutilidad. Pero Rajoy debería romper en responsable y proclamar públicamente su ofrecimiento a un gobierno de concentración nacional con el único objetivo de sacar a España del pozo en el que se encuentra sumida, ofreciendo al exterior una imagen de unidad, de seriedad y responsabilidad, recetas imprescindibles para recuperar nuestra credibilidad como Nación. Apárquense mientras tanto otros problemas de menor urgencia y demuestren de una vez por todas que les importa España.
Todo lo demás es malgastar un tiempo precioso que no tenemos. Si no lo hacen, mucho me temo que acabaremos pagando todos un altísimo precio.
LFU