El peligro de la politización del poder judicial

Artículo publicado en El Debate

No ha pasado desapercibido entre la opinión pública el reciente -y bochornoso- espectáculo del reparto entre los dos primeros partidos nacionales (PP y PSOE) de cuatro de los vocales del Tribunal Constitucional. 

Resulta paradójico que el PP haya hecho cuestión de principios la negativa a repartirse los asientos del Consejo General del Poder Judicial hasta que no se garantice su elección por jueces y magistrados y, sin embargo, haya accedido a pactar el nombramiento como vocales del Alto Tribunal de personas de claro perfil ideológico, prescindiendo de cualquier criterio de independencia, mérito y capacidad. 

Estéril es dirigir este reproche a un Gobierno que defiende sin complejos la necesaria intervención del legislativo en el poder judicial. Pero no es de recibo que un partido que se afirma liberal se preste a colaborar en el desprestigio de un Tribunal cuya independencia resulta absolutamente vital por ser una pieza clave del Estado de derecho. 

La Constitución trató de forzar el consenso en el nombramiento de los magistrados del Alto Tribunal estableciendo una mayoría cualificada de 3/5 de las Cámaras y garantizar la independencia de los magistrados alargando su mandato a 9 años. Pero los dos partidos mayoritarios han pervertido desde hace décadas el espíritu del legislador constituyente, convirtiendo al Tribunal Constitucional en un órgano que, con contadas excepciones, refleja la composición del legislativo en cada momento, siendo notorio el carácter «conservador» o «progresista» de ponentes y vocales, con lo que se elimina todo atisbo de la necesaria independencia que debe presidir la actuación del Tribunal. 

Desde la sentencia de la expropiación de Rumasa por Decreto Ley han sido muchas las ocasiones en las que el Tribunal Constitucional ha sido altamente obsequioso con el poder de turno, no sólo en sus pronunciamientos, sino también en sus silencios, como lo demuestran los once años que lleva el Tribunal sin pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la denominada ley Aído de 2010, que consagró el aborto como derecho subjetivo. 

La premura del Gobierno por modificar la actual composición del Tribunal Constitucional ha sido explicitada con singular descaro en el Congreso por el portavoz de Podemos, escandalizado por que se hayan admitido a trámite y estimado tantos recursos interpuestos por Vox, eso sí mediante resoluciones extemporáneas que no han impedido la efectiva vulneración de derechos fundamentales. Iglesias Turrión se ha apresurado a apostillar que el Tribunal Constitucional debe tener una composición progresista en línea con la mayoría parlamentaria. 

En definitiva, los partidos mayoritarios se muestran cómodos con el reparto de los vocales del Tribunal Constitucional, socavando cualquier atisbo de independencia de un órgano creado para garantizar el amparo de los ciudadanos frente a violaciones de sus derechos fundamentales por parte de alguno de los poderes del Estado y para controlar que la producción legislativa del ejecutivo y legislativo se ajusten a la Constitución. 

La independencia judicial y el Estado de derecho no se defienden con palabras sino con hechos. Hasta la fecha ha habido cuatro fórmulas diferentes de elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial: la primera, en 1980, la segunda en 1985, la tercera en 2001 y la última en 2013. Y el resultado de la labor de los partidos mayoritarios es que los veinte vocales son elegidos por mayoría de 3/5 de las Cortes: ocho entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de experiencia, y doce entre jueces y magistrados en servicio activo. Esta fórmula obedece a un propósito del poder político de influir de forma decisiva en la política judicial, condicionando los nombramientos judiciales al perfil ideológico de sus miembros. 

Mientras esto sucede, socialistas y populares se dan golpes de pecho y aplauden sin recato –en un colosal acto de cinismo– la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a Polonia por entender que se ha producido una quiebra en la impermeabilidad del Consejo Nacional del Poder Judicial frente a influencias directas o indirectas de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Aquello de la paja en el ojo ajeno. 

Nadie que defienda la pervivencia del actual sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional puede presumir de demócrata, sino más bien de lo contrario. Porque la confianza en que los jueces y tribunales resuelvan los conflictos sociales y los problemas de los ciudadanos con plena independencia del resto de poderes del Estado es el último baluarte de los ciudadanos contra el abuso de poder de la administración y del legislativo.

Es verdad que vamos cuarenta años tarde, pero como reza el viejo refrán castellano, nunca es tarde si la dicha es buena. Ha tenido que llegar un Gobierno falaz, dispuesto a retorcer la ley a su antojo, indultar a golpistas y secuestradores de menores, profanar sepulturas por decreto ley y eliminar cualquier atisbo de independencia de la Fiscalía General del Estado para que los españoles tomen conciencia del peligro de muerte que corre la libertad ante la tentación totalitaria de controlar todos los resortes del poder. 

La sociedad civil debe rebelarse contra esta anomalía democrática y exigir un cambio radical en el sistema de nombramientos que salvaguarde la independencia del poder judicial frente al poder político. Y es que en la defensa de la separación de poderes frente a las pulsiones totalitarias del Gobierno nos jugamos algo más importante que la democracia: la libertad. 

Luis Felipe Utrera-Molina 

La guerra civil no fue un golpe de estado.

 

Artículo publicado en La Razón 

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Carta al General Francisco Franco

Mi general: 

Dudo mucho que se acuerde de mí. Nos conocimos en su despacho del Palacio del Pardo el 19 de diciembre de 1974. Yo tenía sólo seis años y a usted le temblaban las manos del parkinson. Mi padre intuía su final y quiso que yo pudiera ser algún día testigo del hombre al que había empeñado su lealtad hacía casi cuarenta años en un juramento de fidelidad que cumplió hasta el último día de su vida. 

No olvidaré jamás lo que usted me dijo entonces: «sólo te pido una cosa: que seas tan bueno como tu padre». Aunque no lo entendí del todo hasta mucho después. Era la muestra de gratitud de quien comenzaba a sentir el dolor de la soledad y el frío de la traición, a quien le había demostrado el calor de una lealtad sin fisuras.

Muy lejos estaba yo de imaginar que, por azares de la vida, su hija Carmen me honraría nombrándome Albacea de su herencia y menos aún que me cupiera el honor de defender con mis armas de abogado a sus nietos en su dignísima oposición contra la profanación y secuestro de sus restos mortales, ordenada por el gobierno, allanada por la jerarquía eclesiástica, tolerada por la oposición y bendecida por los más altos tribunales de nuestra nación en unas sentencias que pasarán a la historia de lo más nefando de nuestro acervo jurisprudencial.   

Mal podía suponer yo que, cuarenta y cinco años después de aquella tarde, llevaría sobre mis hombros su féretro, tras fracasar una lucha titánica en la que la política más baja y la cobardía de tantos triunfaron sobre el imperio de la ley y del derecho. Sobre aquella caja quedaron para siempre una cruz, su bandera y cinco rosas rojas de dolor y de esperanza.

Ya peino canas, mi general. Y si de joven ya pronunciaba su nombre con respeto, ahora lo hago con más admiración; porque he leído su Diario de una Bandera y he leído a Arturo Barea y a Luis Suárez, a De la Cierva y a Paine, a Preston y a Moa, a Aznar y a Hills; porque he podido bucear en algunos de sus papeles más íntimos y me ha impresionado su honradez, su austeridad y su probidad; porque las mezquindades de los miserables sólo sirven para aquilatar el valor de los grandes hombres; porque los que le siguen atacando casi medio siglo después de su muerte son los mismos que están arruinando y humillando a esta nación pactando con sus enemigos. Cómo resuenan hoy aquellas palabras de su testamento “Creo y deseo no haber tenido otros (enemigos) que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida”

El gobierno más indigno de nuestra historia acaba de aprobar un proyecto de ley para prohibir su elogio, borrar su nombre y falsificar su vida, al estilo de las damnatio memoriae que algunos emperadores romanos promulgaban contra sus predecesores.  Pero pinchan en hueso, porque hoy la historia ya no se puede borrar. Y porque, mi general, ser blanco de un gobierno infame es un timbre de honor. El comunismo jamás perdonará a quien le derrotó por primera vez, pero cada vez hay más españoles que, frente a la verdad oficial del gobierno de la mentira, valoran el esfuerzo de aquella generación de españoles que sacrificó su juventud para detener el marxismo e hizo posible con su esfuerzo el bienestar material que disfrutamos.

Winston C. Churchill escribió que “el pasado de la URSS es impredecible”, en alusión a la revisión continua de la Enciclopedia Soviética, que de una edición a otra convertía los héroes en traidores; o restauraba como líderes modélicos a quienes ya habían sido condenados y ejecutados por las nomenklaturas del momento. Lo mismo cabe decir del pasado de España, mi General, merced a la irresponsabilidad de una clase política acomodada entre la mentira y el complejo.

Esta España es muy distinta de la que usted vivió. En vez de mirar unidos al futuro, España vive secuestrada por el más rancio aldeanismo separatista y los muertos de aquella lejana guerra, olvidada por tantos, se han convertido en mercancía arrojadiza para sembrar el odio y la discordia entre sus hijos y sus nietos.

 

Permítame que, ahora que está prohibido, le dé las gracias y con usted a todos los que, como mi padre, arrimaron el hombro para hacer una España mejor. Por salvar a la Iglesia de su aniquilación, por crear un verdadero Estado de bienestar, la clase media y unas cuentas saneadas, por la seguridad social, por las más de cuatro millones y medio de viviendas sociales, por los pantanos y otras muchas obras de las que hoy se apropian los que sólo viven del lodazal de la discordia.

Cuenta con mi respeto, mi gratitud y mi admiración, tres delitos en uno que me llenan de orgullo, pero no olvide nadie que el tiempo trae consigo la justicia, deja pasar la tormenta y ve crecer los laureles. No sé si Dios me permitirá verlo, pero estoy seguro de que la verdad triunfará al final sobre la mentira.

Quedo (ilegalmente) a sus órdenes.

 

Luis Felipe Utrera-Molina

EL GOBIERNO DE LA MENTIRA

Uno de los síntomas más alarmantes de la degradación moral que afecta a nuestra nación es, sin duda, la pasmosa indiferencia y el mimetismo con que los españoles asisten a la normalización de la mentira en sus representantes políticos. A diferencia de la mayoría de las sociedades occidentales, que castigan con dureza el descubrimiento del engaño y la impostura en sus políticos, la sociedad española no sólo no penaliza el engaño o la mentira sistemática de su clase política, sino que parece asumirlo como un elemento de uso común, como algo natural e inevitable, acaso como una fatalidad. 

 Aun admitiendo que todos nuestros gobernantes, con mayor o menor descaro, han faltado en algún momento a la verdad, existe una clamorosa unanimidad a la hora de considerar que Pedro Sánchez ha fulminado todos los récords a la hora de decir una cosa y su contraria, eso sí, sin perder la compostura y con la insólita complacencia de unos medios de comunicación que no se rasgan las vestiduras ante una reiteración abrumadora y sin precedentes de falsedades, engaños y medias verdades. 

Es difícil pedir que sea fiel a la verdad quien comenzó engañando erga omnes plagiando su tesis doctoral. Pero tan lamentable impostura se vio ampliamente superada cuando Sánchez se presentó a las elecciones asegurando con contundencia que jamás pactaría con Podemos, para abrazarse a Pablo Iglesias a las 24 horas de cerrarse las urnas. Aún resuena el célebre: “si quiere se lo digo cinco veces o veinte, con Bildu no vamos a pactar”, o el no menos mendaz: “no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas”, que en unos pocos días se vieron desmentidos al pactar con todos ellos para llegar a la Moncloa. 

Consciente de la rentabilidad de la mentira, Sánchez no sólo le perdió el miedo, sino que contagió de impostura al resto de su gobierno que, desde entonces, no ha cejado en utilizar la mentira de forma sistemática. Mintió el gobierno al permitir que se celebrasen las manifestaciones del 8M ocultando la alarma de la OMS sobre la rápida evolución de la pandemia; mintió Marlaska con descaro cuando, para justificar el cese ilegal de Pérez de los Cobos, negó haber solicitado el informe sobre el 8M; mintió el gobierno al desaconsejar hace un año el uso de la mascarilla ocultando que la verdadera razón era el desabastecimiento; mintió sobre el comité de expertos que nunca existió; mintió Sánchez en julio de 2020 cuando proclamó a los cuatro vientos que habíamos “vencido al virus y doblegado la pandemia”; mintió Ábalos en los casos Delcy Rodríguez y Plus Ultra y ha mentido sistemáticamente el gobierno al ocultar y falsear una y otra vez el número de muertos causados por la pandemia. La última mentira ha sido el pueril intento de polarizar la campaña de Madrid en torno a una inexistente amenaza “fascista”, conscientes de la falta de un proyecto mínimamente serio que ofrecer. Y lo más grave es que esa relación no es en modo alguno exhaustiva, sino meramente ejemplificativa, que habrá quedado superada cuando se publique este artículo. 

 Este gobierno merece pasar a la historia como el gobierno de la mentira, pues ha sido su seña de identidad el falseamiento constante de la realidad como arma política, amenazando con hacer saltar por los aires la pacífica convivencia de los españoles. Jean-François Revel sostenía que “la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira» y Albert Camus afirmaba que “existe un nexo biológico entre el odio y la mentira”. Puede afirmarse que mientras más se odia, más se miente, pues la mentira no deja de ser la máscara del odio. Y es precisamente el odio (y el sectarismo como subproducto), uno de los rasgos que mejor definen a Pedro Sánchez: un odio que le sirvió para alcanzar el poder traspasando las líneas más elementales de la ética y la moral; un odio que alimenta y extiende con la imposición de una visión cainita de nuestro pasado para crispar la vida política y dividir la sociedad en buenos y malos; un odio que amenaza con la voladura controlada de los pilares del Estado de derecho, que socava la necesaria neutralidad de las instituciones y encuentra su caldo de cultivo en una sociedad cobarde, medrosa y domesticada. 

 Existe una contraposición metafísica entre la mentira y la libertad, pues sólo quien vive en la verdad es realmente libre. Haríamos bien en no olvidar la advertencia profética del propio Camus “Allí donde la mentira prolifera, se anuncia la tiranía”. Y es que a este gobierno no le interesa una sociedad libre, que pueda formar libremente su opinión -y su voto- conociendo la verdad, sino una sociedad cautiva, mediatizada por el odio y manipulada por la mentira. 

Pero, al igual que el odio es una pasión que acaba aniquilando a quien la padece, nadie que se alía con la mentira se libra de sucumbir a su servidumbre. Se trata de una simbiosis letal. Es cierto que el mal deslumbra y atrae por su poder y su astucia, pero indefectiblemente acaba siendo siempre derrotado por el bien. Son muchas las señales que anuncian el despertar de muchas conciencias aletargadas y es que los españoles, atenazados por los efectos de la pandemia, empiezan a estar hartos de la asfixiante sensación de impostura y falta de libertad que ha presidido la acción de este gobierno. Por eso me atrevo a predecir que, más pronto que tarde, Pedro Sánchez verá declinar su estrella y acabará siendo consumido por la soberbia que devora implacable a los que se han alimentado sin escrúpulos del fruto de la impostura. 

 Luis Felipe Utrera-Molina Abogado

Lo esencial

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En el curso de una entrevista concedida a la televisión francesa TF3 en febrero de 2016, el Rey D. Juan Carlos reveló la siguiente anécdota: "Días antes de morir, Franco me cogió la mano y me dijo: Alteza, la única cosa que os pido es que preservéis la unidad de España. No me dijo 'haz una cosa u otra', no: la unidad de España, lo demás... Si lo piensas, significa muchas cosas".

Apenas un mes antes de su muerte, la mañana del sábado 18 de octubre de 1975 -según conocemos por el testimonio de su hija Carmen- Franco se encerró en su despacho para escribir el que sería su testamento político. En su último mensaje pidió a los españoles perseverar “en la unidad y en la paz”; “alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España” y añadió finalmente lo siguiente: “Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la Patria.”

No es casual que Franco mencionase hasta tres veces la palabra “unidad”. En su testamento político no hay mención alguna al Movimiento Nacional, a los Principios Fundamentales o al Ejército. En los umbrales de su muerte, el viejo general, con la perspectiva de sus casi 83 años de vida y 39 años en el poder, consciente ya de que el edificio institucional que había construido iba a ser rápidamente desmontado, quiso advertir a su sucesor y a todos los españoles, sobre lo que consideraba esencial y acaso más frágil, consciente del peligro latente que representaban para España los movimientos centrífugos, agazapados durante su mandato a la espera de mejor ocasión.

No tardaron mucho los nacionalismos periféricos en sumarse con entusiasmo al proceso de la transición, tras el Real Decreto-ley 20/1977 sobre Normas Electorales que les concedía un peso político asimétrico y desproporcionado con el que poder condicionar el futuro de la nación y el título VIII de la Constitución de 1978 que establecía un marco competencial a las autonomías propio de un Estado Federal. Sólo puede achacarse tan peligrosa claudicación a la irresponsabilidad de quienes pilotaron la transición, embriagados en el empeño conseguir consensos que poder exhibir como medallas al precio que fuera. Las pocas voces que en aquél entonces se alzaron advirtiendo del peligro que todo ello entrañaba para la unidad nacional (Fernández de la Mora y mi padre, entre otros) fueron silenciadas y condenadas al ostracismo, acusados de sostener pretensiones cavernarias, contrarias al progreso y a la modernidad.

Hoy, 45 años después de la muerte de Francisco Franco, la unidad de España está herida de muerte. Durante las últimas décadas, los otrora nacionalistas -ya abiertamente separatistas- han jugado hábilmente sus cartas arañando concesiones de los distintos gobiernos de izquierda o derecha que han ido socavando de forma progresiva la presencia de España en Cataluña y en las provincias vascongadas y la conciencia de pertenencia a una patria común.  Primero fueron cesiones fiscales y política lingüística, luego vendrían las competencias de educación, orden público, supresión del servicio militar, etc., que han utilizado siempre con patente deslealtad con el objetivo de extirpar de raíz cualquier seña de la españolidad de esas tierras.   

Ahora, cuando la unidad de España agoniza en manos de un gobierno social-comunista, amancebado con quienes no disimulan en reivindicar las repúblicas vasca y catalana, y algunos -el primero, el rey D. Juan Carlos- se rasgan las vestiduras ante el denigrante espectáculo que la actualidad cotidiana nos depara, es momento de recordar la clarividencia del hombre que llevó sobre sus hombros el peso de nuestra patria durante 40 años y que, al rendir la vida ante Dios, quiso advertirnos y pedirnos que veláramos por lo esencial. 

Nadie, o muy pocos, quisieron escucharle entonces y el tiempo se ha encargado de darle la razón, cumpliéndose los pronósticos más sombríos.  Asistimos atónitos e impotentes a la deconstrucción progresiva de la nación más antigua de Europa, mientras se desactivan con precisión de bisturí las únicas instituciones que la Constitución consagra como garantes de la unidad indisoluble de la patria: la Corona y las Fuerzas Armadas. 

Dicen los hombres de la mar que el momento más oscuro de la noche es el que precede a la aurora y conviene no olvidar que nuestra Patria ha sabido resurgir de sus cenizas en peores coyunturas. Si Dios quiere que España no perezca en manos de sus enemigos, algún día habrá de rendir homenaje y desagravio a quien puso hasta el final, por encima de toda mira personal, la defensa de la sagrada unidad de la nación española.  

Luis Felipe Utrera-Molina

Consideraciones sobre las elecciones presidenciales 2020. Por Beatriz Silva Lapuerta

 

    Como española y americana, me siento obligada a clarificar algunos puntos sobre las elecciones Presidenciales 2020 de EEUU.

            Comprendo claramente que existe una gran confusión en EEUU y mundialmente ya que los medios de comunicación masivamente han decidido, otorgándose un poder que no les corresponde, proclamar Presidente a Joe Biden. Debo clarificar que esto es simplemente erróneo, FALSO.

            Todavía no ha habido ni un solo estado que haya declarado un ganador y no lo harán hasta que “el colegio de electores” se reúna en las respectivas capitales de sus estados para votar, y esto no ocurrirá hasta principios de diciembre como pronto (os recuerdo que el sistema americano es muy diferente al español).

            Dadas las serias acusaciones (algunas de las cuales ya se han presentado o están presentando pruebas con gran fundamento) de irregularidades de votos y fraude, numerosos “estados clave” se encuentran bajo escrutinio y todavía pendientes de recuentos. Existe un gran número de serias irregularidades. Así, tanto como a muchos les gustaría el que las elecciones 2020 ya estuvieran resueltas, lo cierto es que NO LO ESTAN.

            Si algunos recuerdan, las elecciones Presidenciales del año 2000 no se decidieron hasta el 12 de diciembre.

            El frenesí por declarar a Biden como ganador se basa solo en propaganda y distorsión. Los medios de comunicación y los encuestadores han promocionado de un modo descarado una Victoria arrolladora para Biden en sus predicciones. Si bien esto podría haber sido un error de juicio, no descarto que haya expectativas elevadas intencionalmente para afectar la participación de votantes etc.

            Lamentablemente, hasta la Conferencia de Obispos de EEUU (USCCB) en una declaración emitida por el Presidente de la misma, el Arzobispo José Gómez, dio la bienvenida al “Nuevo Presidente” Biden.

            Tales declaraciones ignoran por completo el marco constitucional para las elecciones presidenciales y la resolución de disputas y denuncias de actividades delictivas por parte de algunos funcionarios que supervisan la distribución y tabulación de los votos.

Existe una tradición de UN VOTO POR PERSONA. Existe evidencia de que ha habido violaciones a este principio con votos presentados con nombres de personas fallecidas, personas con múltiples votaciones a su nombre y otras muchas irregularidades.

Estos asuntos se encuentran ante los tribunales, presentados por quienes buscan reparación por delitos que, si se prueban, son punibles bajo la ley federal.

Espero que esto clarifique LO QUE ESTA EN JUEGO. El resultado de unas elecciones en un país democrático, no es declarado por los medios de comunicación, sino por el recuento veraz de votos realizado de acuerdo con la legalidad.

Beatriz Silva de Lapuerta

           

La corrupción de la memoria.

 

LA CORRUPCIÓN DE LA MEMORIA

 

Mi padre fue de esos niños a los que la guerra les robó la infancia. Vio cómo asesinaban a un amigo por ser falangista y a su padre por defenderlo; vivió las siniestras romerías de mujeres que cada mañana subían hasta el lugar triste de los fusilamientos para burlarse de cadáveres aún calientes. Creció sabiendo que no todo era oscuro al otro lado, porque tenía familiares luchando bajo otra bandera, y que en el suyo no todo era limpio, porque sabía de miserables y aprovechados que buscaban el amparo del uniforme para cometer sus felonías.

 

Mi padre fue falangista. Hasta el último día de su vida hizo honor a su juramento. En su carta de despedida nos pidió ser enterrado con su camisa azul. “No es un gesto romántico sino la postrera confirmación de que muero fiel al ideal que ha llenado mi vida.”. Para él, la política no era otra cosa que la emoción de hacer el bien sobre todo a los que no podían congraciarse con la patria porque carecían de pan y de justicia. Y fue leal a Francisco Franco, antes y después de su muerte. Una lealtad crítica y ajena a lo cortesano, que le granjeó no pocos recelos en el régimen y una implacable persecución posterior cuando, rechazando jugosas ofertas, no quiso alistarse en las filas de los conversos ni formar en el escuadrón de los mudos mientras un repentino oprobio comenzaba a cubrir lo que había dado sentido a su vida.

 

Mi padre era alérgico al sectarismo y siempre nos previno de que el odio era una pasión aniquilante para el que la padecía. Sabía que no era posible un franquismo sin Franco, consciente de la excepcionalidad de un régimen que no podía entenderse sin su protagonista y sin el contexto del proceso revolucionario y anticlerical de los años 30. Pero asistía con perplejidad y dolor al proceso de desfiguración de nuestro reciente pasado y demonización de un hombre, Francisco Franco, al que consideraba, con sobradas razones para ello y sin escatimar las sombras de su régimen, el mejor gobernante que había tenido España desde Felipe II.

 

Ese era mi padre, un caballero falangista del que me siento legítimamente orgulloso y cuyo ejemplo me estimula cada día. Pero como él hubo millones de españoles nobles, leales y ejemplares que, desde un ideal, lucharon y trabajaron denodadamente bajo el mandato de Franco para levantar España de su postración. Claro que cometieron errores, que hubo injusticias, pero también se creó una clase media dominante, se construyeron más de cuatro millones de viviendas sociales, más de quinientos pantanos, decenas de miles de escuelas, institutos, universidades laborales, residencias sanitarias, se creó el seguro de enfermedad, la Seguridad social y España llegó a ser la novena potencia industrial en términos de PIB con una deuda pública que no superaba el 7,5%.

 

Yo nací apenas 30 años desde el final de la guerra y pude conocer a muchos de los que habían luchado en una y en otra trinchera. Jamás percibí en ellos sombra alguna de odio, pero sí de dolor. Hablaban con respeto de los que se batieron el cobre al otro lado y con despreció infinito de quienes se ocupaban de las limpiezas en la cómoda atalaya de la retaguardia. Estaban vacunados contra el odio porque habían sufrido el desgarro de una guerra fratricida.

 

Hoy, un gobierno siniestro e incompetente, que ha hecho de la mentira su más visible seña de identidad, quiere aprobar una ley totalitaria que convertirá en delito la publicación de este artículo; que condena con un manto de oprobio a los que se batieron el cobre en un lado, mientras glorifica a los que lo hicieron en el otro, muchos de los cuales, si pudieran levantarse de sus tumbas escupirían a los promotores de esa ley cainita con el mismo desprecio con el que hablaban de los cobardes de la retaguardia.

 

La ley quiere imponer un relato deformado de nuestra reciente historia que presenta a los vencedores de la guerra como verdugos y a los derrotados como víctimas, dinamitando el espíritu que hizo posible la transición y negando a la derecha cualquier legitimidad para gobernar. Ya lo intentaron en 1936, falseando el inmediato relato del golpe revolucionario de 1934 y sabemos cómo resultó. Me atrevo a aventurar que este nuevo intento podría volverse también en su contra, porque ignoran las consecuencias del odio que están inoculando en los españoles.

 

Hay quienes, disfrazando su cobardía de practicismo, seguirán mirando para otro lado mientras avanza la imposición de la mentira. No hacer nada cuando se violan los derechos más elementales y se criminaliza la disidencia con el discurso oficial, es abrir la puerta a la peor de las tiranías, la de la mentira. A mí no me van a callar ni con multas, ni con amenazas, ni con penas de prisión. Me niego a permanecer impasible mientras se insulta y se vierte un himalaya de mentiras sobre los que, como mi padre, y desde unas ideas tan respetables como las que más, nos legaron una España mejor de la que recibieron y de la que nosotros dejaremos a nuestros hijos. Prefiero perder la libertad por decir lo que pienso a no poder mantener la mirada a mis hijas por no haber tenido el valor de defender la honra de mis mayores. Al fin y al cabo, si no encuentro justicia en esta vida, siempre me quedará la eterna promesa de las bienaventuranzas.

 

 

            Luis Felipe Utrera-Molina, Abogado