«La damnatio memoriae es inevitable, sobre todo cuando los enanos suceden a los gigantes, aunque el gigante sea en el caso presente un señor bajito y gordito a quienes los chistosos de la época llamaban “el Enano de El Pardo”.»
Por Aquilino DuqueHasta que se hizo realidad en el siglo XX gracias a soviéticos y nazis, el concepto de Estado totalitario gozó de un gran prestigio, como puede comprobar quien tenga la curiosidad de leer por ejemplo a Antonio Gramsci. Tanto era así que el proyecto de los regímenes instaurados en Italia en 1922 y en España en 1939 no era otro que el de implantar el Estado totalitario. “Todo en el Estado, nada fuera del Estado”, decía Mussolini en la línea del Hegel que consideraba al Estado la encarnación de Dios sobre la tierra. En Italia esa meta, si llegó a alcanzarse, fue en la efímera República de Salò, la Elba de Mussolini. En los años de euforia y de bonanza, el “Estado ético” del Duce no tuvo más remedio que convivir con la Monarquía y con el Vaticano y de paso dejar espacios más o menos libres a la sociedad civil. La actividad académica, intelectual y editorial de Benedetto Croce es el ejemplo más llamativo. Si en España se soñó con ese ideal totalitario, la marcha de la guerra mundial se encargó de disipar el sueño, y a pesar de las apariencias – partido único, sindicatos verticales, autarquía económica, etc. – el régimen que quería ser totalitario tuvo que quedarse en simplemente autoritario. A pesar de sus analogías con el régimen autoritario que lo precedió, el nuevo Estado no aceptó la etiqueta de “Dictadura”, por la sencilla razón de que, técnicamente, una dictadura tiene una duración limitada, mientras que la magistratura del nuevo Jefe del Estado anunció desde el primer momento su carácter vitalicio. Una dictadura es un régimen de excepción que deja en suspenso la legalidad vigente hasta que cesan las circunstancias excepcionales que impusieron esa suspensión y el dictador deja paso al statu quo ante. No fue ése ciertamente el caso de España, como no lo había sido el de Portugal, que nos precedió en el propósito de fundar un “Estado nuevo”. El de ellos conservaría el formato republicano, mientras que el nuestro acabaría decantándose por el monárquico con todas sus consecuencias, independientes éstas ya de la voluntad del “anterior Jefe del Estado”.
La demonización de que éste sería objeto, no ya por los vencidos en la guerra civil, hasta cierto punto normal, sino por muchos de los que medraron al socaire de la victoria y mientras vivió le profesaron una “adhesión inquebrantable”, hizo que conceptos de teoría del Estado se convirtieran en simples armas arrojadizas. Uno de esos conceptos era el de “dictadura”, como radicalmente opuesto al de “democracia”. No creo que nadie niegue a estas alturas que al concluir la guerra mundial y dividirse el mundo en bloques distintos, uno de los conceptos por los que se regía uno de ellos, el de las redundantes “democracias populares” del llamado “socialismo real”, era el de la “dictadura del proletariado”, una dictadura que no tenía nada de transitoria como la heredada del Derecho Romano, sino que iba para milenaria como la “nacionalsocialista” del III Reich. Fue precisamente uno de los juristas de esta “dictadura”, Carl Schmitt, teórico incluso del Führerprinzip, el que vio y señaló la diferencia entre lo totalitario y lo autoritario. Ya con anterioridad había trazado la diferencia en la Roma clásica entre la dictadura de carácter transitorio y excepcional que él llamaría “comisarial” y la dictadura por así decir constituyente y vitalicia, que llamaba “soberana”, y cuyos ejemplos más notables fueron la de Sila y la de Julio César. Ese matiz se borró con la Revolución Francesa, que por dictadura sólo entendía la transitoria, mientras que la otra, la fundacional y constituyente, se consideraba despotismo o tiranía. Schmitt había asesorado a los Presidentes de la República de Weimar, Von Schleicher y Von Papen, y en vista de la parálisis parlamentaria y de la amenaza de las dos fuerzas antisistema: el KPD y el NSDAP, o sea, comunistas y nazis, le propuso a Von Schleicher una “dictadura comisarial”, prevista en el artículo 48 de la Constitución de Weimar, que dejara a estas fuerzas fuera del juego político. Fueron los antisistema los que se saldrían con la suya y fue entonces cuando Schmitt, aconsejado por Heidegger, se convirtió en Kronjurist de los vencedores. Esto ocurrió entre 1933 y 1934, pero ya en 1936 empezó a verle las orejas al lobo, y en el ensayo Staat, Bewegung, Volk procuró siguiendo a Hobbes poner unos cauces de estado de derecho y de seguridad jurídica a la “dictadura soberana” que se acababa de implantar. La primacía que en ese escrito se daba al Estado sobre el partido y el jefe no dejó de percibirse como una crítica velada, y el órgano de las S.S. Das schwarze Korps le dedicó un par de artículos de los que ya entonces allanaban el camino, como dijo alguien, “al exilio o al campo de concentración”. Hermann Goering salió en su abono, pero el Kronjurist hubo de dejar la corona y retirarse a la vida privada. Algo parecido le ocurriría años después a su amigo Ernst Jünger cuando publicó Los acantilados de mármol, sino que esta vez fue el propio “Kniébolo” de la novela el que lo puso bajo su alta protección.
Nadie pondrá en duda el carácter totalitario del régimen nacionalsocialista, favorecido desde luego por la guerra y la consiguiente “movilización total” de que ya hablara Ludendorff durante la guerra precedente. La guerra es el estado de excepción por excelencia y si en España cabe hablar de “dictadura” en la segunda mitad del siglo XX , esa “dictadura” se reduce a los años de guerra y de inmediata trasguerra en que la “unidad de mando” era esencial para ganarla y para aguantar el acoso de los vencedores en la guerra mundial. Fue entonces cuando Javier Conde elaboró su teoría del Caudillaje, en la línea del Führerprinzip de Schmitt, y cuando el Caudillo, al menos de boquillas, tuvo alguna veleidad totalitaria. Esas veleidades no pasaron de retóricas, con gran desengaño de los intelectuales del Partido Único, al comprobar que Franco, al erigirse en secretario general de ese Partido, ahora denominado Movimiento, no hacía más que supeditarlo al Estado. Ese y no otro es el origen inconfesable del antifranquismo de aquellos intelectuales entre los que tuve grandes amigos. De esta suerte, la “dictadura soberana” de Franco daría en parecerse más a la “dictadura comisarial” de Primo de Rivera que a la nazi o la soviética, a la vez que le daba la razón al Donoso Cortés que prefería la dictadura del sable a la del puñal. Franco fue aun más allá y al lado del sable puso el hisopo, otro agravio para los del punyalet al cinto.
De estos dos conceptos del Estado es el autoritario el que es realmente incompatible con la democracia a secas, como pudo verse en Italia durante el Ventennio y en la Península Ibérica durante bastantes años más. En cambio la idea totalitaria se lleva muy bien con la democracia, hasta el punto de que si ésta se lleva a sus últimos extremos, desemboca en lo que el liberal Tocqueville llamó “despotismo democrático”. De ahí que las democracias occidentales hayan tenido que recurrir a adjetivos como “parlamentaria” o “constitucional” para no verse confundidas con las otrora llamadas “democracias reales”.
Cada régimen político tiene sus reglas de juego, es decir, su ordenamiento jurídico, incluso en las democracias totalitarias o dictaduras del proletariado, sus constituciones o leyes fundamentales y sus mecanismos para dejarlas en suspenso. En el último tercio del “régimen anterior” funcionó un Tribunal de Orden Público como en el actual funciona un Tribunal Constitucional. Cada régimen tiene también sus especies protegidas, y desde que impera en Occidente la inversión de valores del “espíritu inmundo” del 68, no hace falta decir cuáles son las del “régimen actual”. Estas “especies protegidas” de la democracia totalitaria no se limitan a darle la vuelta al lenguaje sino que exigen que todos hablen ese lenguaje por obligación. Esa inversión de los significantes impone una inversión de los significados, de suerte que meros tecnicismos se convierten en armas arrojadizas. No digo nada nuevo. Ya en este sentido dijeron cosas muy cuerdas Angel Ganivet o Antonio Machado. Eso y no otra cosa es lo que ocurre con la palabra “dictadura”, que los demócratas de todos los pelajes emplean a tontas y a locas y que llegan a imponer en el ejercicio de una censura propia de las democracias populares o dictaduras del proletariado. En tiempos del “régimen anterior”, había una censura peor que la oficial, de la que fue víctima por ejemplo el novelista Manuel Halcón, en cuya defensa escribió Paulina Crusat aquello de que “la peor censura no es la que manda callar, sino la que obliga a decir”. La que entonces mandaba callar le hizo a Carlos Fuentes el mismo favor que le hizo la censura estadounidense a James Joyce cuando impidió el acceso al Ulysses de las masas progresistas del país, y a mí el de quitarle a un poema mío un postizo puesto con el fin de complacer a la otra censura, la que obligaba a decir. Esta en cambio era la que llevaba la voz cantante y dominaba un cotarro literario en el que no eras nadie si no eras poeta “social”, dramaturgo “comprometido” o novelista “testimonial”. Huelga decir que la meta a que aspiraba este personal no era la democracia formal o parlamentaria, sino la democracia real o popular. Su indignación no tuvo límites cuando Solyenitsin vino a la televisión española a confirmar la doctrina jurídica de Carl Schmitt explicando con ejemplos al canto, o “a la luz de la praxis” como entonces se decía, la diferencia abismal existente entre un régimen totalitario como el soviético y uno simplemente autoritario como el español.
Alguna vez creo haber dicho, no recuerdo dónde ni a santo de qué, que la Historia contemporánea que yo estudié en el Bachillerato no pasaba del Desastre del 98, ya que todo lo escrito después no era historia, sino prensa y propaganda. Lo mismo cabe decir de toda la historiografía oficial desde la implantación del régimen actual. Puede pasar si se la toma por crónica pura y simple, y desde luego no escapa a la damnatio memoriae de los que detentan el poder. La damnatio memoriae es inevitable, sobre todo cuando los enanos suceden a los gigantes, aunque el gigante sea en el caso presente un señor bajito y gordito a quienes los chistosos de la época llamaban “el Enano de El Pardo”.
