Sin Franco no son nada.

Aunque no estamos en noviembre, la gira de Pedro Sánchez cantando la internacional puño en alto por toda la piel de toro ha hecho saltar los resortes del antifranquismo retrospectivo en el PSOE.  Al grito fecundo del “no-es-no” de Schez, el PSOE responde sacando el cadáver del viejo general porque a rojos no nos gana nadie. Nada de ofrecer un proyecto de futuro para el país, la socialdemocracia se la dejamos mejor al PP que ya nos quita votos por allí y a ver si arrancamos votos a la izquierda, arremetiendo contra el cadáver momificado de Franco.   

 A los millenials Franco les queda tan lejos como a mí la guerra de África, pero da igual, porque sin Franco la izquierda no es nada. Nunca podrán agradecerle bastante haber muerto en la cama y haber hecho tantas casas y cosas, sus inundaciones franquistas (antes llamadas pantanos) y ciudades sanitarias de nombre reciclado. ¡Qué sería de ellos si no tuvieran placas que arrancar, calles y hospitales que renombrar y medallas y honores que retirar!  

En definitiva, aunque la coyuntura manda y las primarias se acercan, tras la petición de que saquen a Franco de su última morada, en la que reposa por orden del rey Juan Carlos, se esconde un terrible complejo de inferioridad por no haber podido hacer por los españoles, con una presión fiscal 20 veces mayor, ni una décima parte de lo que hizo el viejo general y encima tener que soportar que el viejo jamás metiese la mano en la caja, lo que no puede decir ningún partido del arco parlamentario.

Si Franco hubiese fracasado, si hubiese muerto arrastrado por los pies y con un país en la ruina como quedaron los países del socialismo real, al PSOE le importaría una higa donde estuviesen sus restos. Pero no pueden resistir que Franco muriera de éxito.  Eso en España no se perdona. Es el pecado nacional por excelencia, la envidia, aliada en este caso con la estupidez.

LFU

La verdadera Ley mordaza.

Artículo publicado en el ABC del 6 de febrero de 2017.

A finales del pasado año, el Pleno de la Diputación provincial de Sevilla, acordó, con el voto a favor de los grupos socialista, comunista (Podemos incluido), Ciudadanos y la abstención del Partido popular, retirar “de forma definitiva” la medalla de oro de la Provincia concedida a mi padre, José Utrera Molina en el año 1969 por dicha institución.  La noticia no debiera trascender el ámbito local o personal de la persona e institución concernidas si no fuera porque constituye un peligroso precedente, claramente liberticida, de hasta qué extremos de persecución ideológica está dispuesta a llegar la izquierda –con el beneplácito o indiferencia del partido popular- con la aplicación de la denominada Ley de Memoria Histórica, que alumbró la mente sectaria de Rodríguez Zapatero y ha sido mantenida por la irresponsable abulia acomplejada del Partido popular, posibilitando que próximamente pueda “celebrarse” la primera década de la misma.

Se trata en este caso del primer intento de remoción de honores concedidos a una persona viva, pues hasta ahora las distintas administraciones han venido participando en una verdadera orgía iconoclasta de carácter póstumo retirando honores, placas y menciones a personas ya fallecidas, sin la menor oposición por parte de ningún grupo político, sin duda por miedo a señalarse como afín o partidario del personaje removido, evidentemente relacionado con la España de Franco, cuando no se trataba del propio Jefe del Estado.  Lo más relevante es, sin duda, la motivación que emplea en este caso la Diputación para justificar la revocación o remoción de la distinción concedida, pues considera de forma abierta que el mero hecho de su participación activa en el régimen franquista fue determinante en la concesión de la distinción u honor concedido, por lo que, haciendo abstracción de cualquier merecimiento que hubiera sido tenido en cuenta a la hora del reconocimiento y, por supuesto sin alegar en modo alguno la existencia de una conducta posterior que desmereciera los honores concedidos y justificase dicha retirada, el mero ejercicio de dicho cargo público  durante “la dictadura” es motivo suficiente para su revocación o retirada de acuerdo con las previsiones de la Ley de Memoria Histórica.   

La indudable trascendencia de tal precedente -que de recibir respaldo judicial podría determinar, por ejemplo, la retirada de cualquier honor o mención concedido a los actuales reyes eméritos durante su etapa como príncipes de España- adquiere tintes ciertamente delirantes cuando la propia Diputación en el acuerdo mencionado, censura expresamente y utiliza como elemento ad maiorem que Utrera Molina haya osado manifestar en el trámite de alegaciones de forma explícita su lealtad a la figura de Francisco Franco  y haya hecho confesión de su condición de falangista, manifestaciones éstas que en opinión de la Diputación de  Sevilla “entran en colisión con la Ley de Memoria Histórica”.  

Que la lealtad y la coherencia política de un hombre –sean del signo que sean- puedan ser consideradas un descrédito o ser merecedoras de sanción, identifica el talante antidemocrático de quienes lo afirman.  Bajo el amparo de la Ley de Memoria Histórica, se rinden honores e inauguran monumentos a golpistas como Prieto y Largo Caballero mientras se destruyen con saña, no ya los dedicados a Francisco Franco, sino a cualquier persona relevante del bando vencedor, sobre el que se extiende el manto del olvido y el deshonor. Pero si la visión maniquea de la contienda civil es ya censurable, resulta aberrante que se condene y estigmatice a todo aquél que sirvió a España desde cualquier cargo público entre el 18 de julio de 1936 y el 20 de noviembre de 1975, independientemente de su labor concreta, por considerársele miembro de un “aparato represor”.

Tales dislates se amparan y escudan en una verdadera ley mordaza que supone una enmienda a la totalidad del espíritu de reconciliación que posibilitó la transición española y representa un instrumento letal en manos de sectarios insensatos. Desde su sectaria y falsaria exposición de motivos, que impregna e inspira su articulado, se establece una condena injusta y vergonzante contra la memoria de millones de españoles que hace 80 años tuvieron que luchar contra sus hermanos a raíz de un proceso revolucionario que hizo imposible la convivencia pacífica de los españoles y contra toda una generación de españoles que, actuando de buena fe, trabajaron para levantar una nación de sus cenizas para legarnos un futuro en paz que superase la cruel contienda fratricida.

Una ley dictada desde el odio cainita, contra una parte de los españoles, no puede ser jamás una ley justa: de ahí la grave irresponsabilidad de quienes la promulgaron y de quienes la mantienen. Su aplicación ha llevado a la profanación de sepulcros, al derribo de monumentos, a la eliminación de cualquier recuerdo de una etapa que está ya sometida al juicio de la historia, en un intento liberticida de reeducar a toda una generación de españoles para que reniegue de sus ancestros conniventes  con el franquismo.

Fue Albert Camus quien afirmó que “existe una filiación biológica entre el odio y la mentira” y que “allí donde prolifere la mentira, se anuncia la tiranía”. La ley de memoria histórica, la más mendaz, maniquea y liberticida de cuantas se han aprobado en democracia, ha vuelto a dividir a los españoles en buenos y malos, nos ha debilitado como nación aventando nuevamente odios olvidados y sepultando bajo una pesada losa la dura y esforzada conquista de nuestra reconciliación nacional. Por eso la única celebración que merece es la de su absoluta y definitiva derogación para bien de España y de los españoles.

Luis Felipe Utrera-Molina Gómez

Abogado

La chispa que puede romper el PP

No hay peor ciego que el que no quiere ver. El sorprendente artículo del vocero de Soraya del pasado domingo defendiendo abiertamente la necesidad de una consulta no vinculante y pactada sobre la independencia en Cataluña es una señal más de la deriva que nos espera en relación con la culminación de un proceso criminal de secesión iniciado hace décadas y que ha sido alimentado por la dejación, cuando no la connivencia, de quienes han detentado la Presidencia del gobierno.  Si a eso le unimos las declaraciones de Soraya en un medio de comunicación reconociendo el error del Partido Popular al recurrir el Estatuto de Cataluña al Tribunal Constitucional, resulta evidente que el Gobierno está dispuesto a seguir siendo amable con los separatistas, con tal de conseguir un nuevo aplazamiento de sus envites.

Rajoy juega con fuego, pero como tiene la sangre de horchata, todo le da igual. Lo importante es el corto plazo y en su irresponsable miopía no es capaz de vislumbrar las nefastas consecuencias de sus acciones o inacciones. Su partido se ha convertido en un aparato de poder ajeno a cualquier principio o referencia ideológica, que se mueve a golpe de lo que le dictan las encuestas. Su consigna es aguantar a toda costa y seguir arrebatandole el discurso al PSOE sin dejar de alimentar al monstruo de Podemos, para que no baje el diapasón del miedo que tanto rédito le ha dado a don Tancredo. Nadie podrá decir que Arriola se haya equivocado en su estrategia, aunque ésta sea, a la larga, nefasta para el futuro de nuestra nación. 

Igual que renunció a defender la vida abrazando la ley Aído, igual que ha mantenido la ley de memoria histórica para dar de comer a la extrema izquierda, me temo que Rajoy seguirá consintiendo el desafío separatista, alimentando a la bestia para que explote, si acaso, cuando él se vaya, o no. Pero la única posibilidad cierta de que se rompa de una vez el Partido popular y emerja de una vez un partido conservador en España es que se pase de rosca con el tema catalán y se advierta un serio peligro para la unidad de España. El resto de los problemas no hará temblar los cimientos de Génova, pero ese sí. La renuncia de Aznar a la presidencia de honor es el primer aviso de que algo se está gestando en el mundo de la derecha y es un secreto a voces quiénes están detrás de ese proyecto y cuál es la única chispa que puede hacer que salga a la luz y rompa en pedazos el partido socialdemócrata en el poder. Personalmente, dudo mucho que Rajoy y España aguanten otro nueve de noviembre en el que se vuelva a pisotear el estado de derecho ante la pasividad de la autoridad.

LFU     

Carta abierta a Julio Rodríguez

Te escribo como Alférez de Infantería, pero permíteme que te apee el tratamiento de vuecencia que durante años te dispensaron tus subordinados, pues presumo que para ti debe tener reminiscencias de un pasado oscuro y de ingrato recuerdo.

En mi breve e intenso paso por la milicia pude sentir el singular orgullo de vestir el uniforme de un ejército heredero y depositario de la gloriosa tradición española.  Aprendí de mis superiores el valor de la disciplina y las virtudes del sacrificio callado, la abnegación y la lealtad. Pocas veces en mi vida he sentido tanta emoción como cuando mis hombreras lucieron por vez primera la estrella de seis puntas que me acreditaba como oficial de la mejor Infantería del mundo. Siempre recordaré el orgullo de mi padre en aquel gélido día de diciembre en el patio de la Academia toledana cuando quiso fotografiarse conmigo delante de la estatua de su viejo capitán, que  hoy -gracias entre otros a tí-  estará cubierta de polvo en algún lejano y frío almacén.

Aprendí de memoria aquél artículo 72 de las Reales Ordenanzas que aún hoy guarda el eco de la mejor tradición castrense española y procuré ser fiel a su letra y a su espíritu durante el breve tiempo en el que tuve el privilegio de mandar una sección de fusileros.

Desde entonces, he seguido en contacto con la familia militar en la que tengo grandes y entrañables amigos que son exponente de las mejores virtudes del soldado y del caballero español. Conocí también jefes y oficiales a los que no pude admirar, pero jamás tuve la desgracia de despreciar a ninguno como militar.....hasta que te empeñaste en deshonrar el uniforme que durante años te ha proporcionado respeto y una dignidad que tu mismo has querido pisotear.

Prefiero no acordarme de la cobarde actuación que como JEMAD tuviste con ocasión del rescate del "Alakrana", La Armada tenía preparado el asalto de los secuestradores, te pideron una orden, pero al otro lado del teléfono sólo hubo silencio. Dejaste escapar a los piratas, pero no tuviste el coraje de reconocerlo en público. Antes que asumir la responsabilidad del mando, preferiste que la duda se cerniese sobre la eficacia y profesionalidad de tus soldados. 

Lo de menos fue tu anuncio extemporáneo de unirte a las huestes de Podemos mientras vestías el uniforme. Ni a mí ni a tus compañeros de armas nos importa una higa como piensas ni a quien apoyas, pero existen formas y procedimientos que debías respetar y que por un mínimo sentido de la lealtad y la coherencia debiste haber cumplido. No fue así y celebro que figure esa mancha en tu hoja de servicios.

Fue miserable tu compadreo con Ada Colau tras el trato chulesco y degradante que dispensó a dos jefes uniformados en Barcelona. E imperdonable cuando no tuviste reparos en defender a Bildu, donde se alistan buena parte de las hienas que vistieron de luto los hogares de muchos de tus antiguos camaradas.  

Que te definas como pacifista me parece muy bien. Todos queremos y ansiamos la paz y ya Julio Cesar dijo aquello de "si vis pacem para bellum", porque para eso están los ejércitos, para salvaguardar la paz frente a los que quieren violentarla.  Pero que un militar se confiese antimilitarista es, además de un oxímoron insoportable, una bofetada en la cara de todos tus antiguos compañeros y subordinados.

La última villanía, la de despreciar el día de las fuerzas armadas por franquista. Un sencillo desfile y un acto de homenaje a los Caídos que tu mismo deshonras con tu penúltima ruindad no es sino un acto de justicia y gratitud para los que han dado su vida por España, antes de Franco, con Franco, contra Franco y después de él y para los que con singular ejemplaridad velan para salvaguardar nuestra paz, nuestro bienestar y la integridad de nuestra patria.

Dice el viejo refrán castellano que no hay peor cuña que la de la misma madera. Y tú, Julio Rodríguez, eres la viva expresión de esas palabras.

Te auguro una corta e ingrata carrera política porque Roma no paga traidores. Quienes te utilizan lo hacen para denigrar toda la dignidad del uniforme que has vestido durante toda tu vida. Y cuando ya no les sirvas, probarás la amarga hiel de una soledad acentuada por el desprecio de todos aquellos que tuviste bajo tu mando y que te recordarán aquel juramento que hiciste de joven y no has sabido cumplir como un soldado español.

No me despido a tus órdenes porque sólo recibo órdenes de quien tiene autoridad moral para darlas. Tan solo espero que Dios te de la ocasión para devolverme con honor esta pluma que hoy te hace llegar un oficial de Infantería.

Luis F. Utrera-Molina

Nietos de la ira

         Una de las notas más inquietantes que definen la actual coyuntura política viene dada por el ambiente de crispación creado a raíz de la entrada de fuerzas de ultraizquierda en el parlamento.  Las notas del “cambio progresista” aparecen así acompañadas de trazos gruesos, estudiadas provocaciones y faltas de respeto al adversario que convierten la nueva política en matonismo propio de repúblicas bolivarianas.  Esta estrategia, en modo alguno espontánea, provoca en una sociedad condicionada por las directrices de la “memoria histórica”, el aventamiento de odios atávicos de impredecibles consecuencias a medio plazo. El odio cainita que parece haber anidado en la generación de los nietos o bisnietos de los que hicieron la guerra y que se proyecta sobre los descendientes de sus enemigos, presenta así un carácter claramente recesivo, pues no anidó de igual manera en las generaciones intermedias.  

               

              En una reciente columna, Herman Tersch recordaba en este periódico los antecedentes familiares de Pablo Iglesias, hijo de un militante de la banda terrorista FRAP y  nieto de un comunista condenado por “dar el paseo” al Marqués de San Fernando y a su cuñado en noviembre de 1936.  Siendo esto así, no deja de asombrar que el líder carismático del nuevo totalitarismo de corte bolivariano tenga la soltura de acusar en el Congreso de criminal a Felipe Gonzalez y llamar “hijos del totalitarismo” a todos los diputados del  Partido popular haciendo alusión a la condición franquista de los fundadores de su partido.  Pero lo preocupante no es tanto que Iglesias tenga esa desenvoltura como que dichas prácticas no hayan merecido la unánime repulsa de los medios de comunicación social.

               El viejo maniqueísmo de la nueva izquierda, inoculado a la sociedad española durante décadas con la venia de una derecha instalada el pragmatismo que carece de un proyecto de futuro y de referentes en la historia, está dando sus frutos.  El resultado es una sociedad miope que no ve mal alguno en la izquierda, porque el mal absoluto está encarnado en una derecha que se avergüenza de serlo.  Así, la violencia o mera intimidación –puramente marginal- procedente de grupos de ultraderecha es convenientemente amplificada por su condición de “agresión fascista”, mientras que la cada vez más generalizada violencia e intimidación de los círculos y organizaciones del ámbito de Podemos en juntas de distrito, universidades, iglesias. etc. es escandalosamente ignorada por los medios cuando no justificadas como reivindicaciones de la laicidad, de los “derechos de las mujeres”, de las “víctimas del franquismo”, y demás eufemismos genuinamente “progresistas”.

               Resulta desalentador que a estas alturas de la historia, con tantos problemas sociales de urgente solución, anden ahora los políticos echándose a la cara las culpas de sus mayores e impregnen la vida política de un cainismo atávico.  Pero esta es la consecuencia de la caja de pandora que, de forma colosalmente irresponsable, abrió en su primera legislatura un gobernante nefasto llamado Rodríguez Zapatero, imponiendo una versión sectaria de la historia y convirtiendo la memoria en un garrote sectario y letal.  Los que hemos conocido a los que lucharon, sabemos lo que les costaba recordar, que les dolía en el alma haberse enfrentado a tiros con sus hermanos, que habrían dado su vida por no vivir aquella tragedia. La guerra fue para ellos la mejor vacuna para curar el odio que los enfrentó. Educaron a sus hijos en el perdón y el abrazo, en la superación de aquella dolorosa fractura, porque lo importante era mirar al futuro y sacar adelante una España rota y desangrada.

               Justo es decir que la resurrección del odio viene de un solo lado de la mesa.  Los  caínes de la nueva izquierda utilizan el mismo lenguaje incendiario de sus abuelos antes de que se pusieran a matarse por los campos de España.  Es el lenguaje rancio de la “libertad” (Caín) contra el “fascismo” (Abel), porque para ellos “fascista” no es sino el término que define a quien osa desafiar le pensamiento único de la izquierda. 

               Los nietos de la ira no hacen justicia a sus abuelos.  Por el contrario, su odio rescatado, su sectarismo disfrazado de “progreso” deshonra su memoria y parece desahuciar a España de un futuro necesitado de paz y concordia.  Los errores del pasado deben servir de lección para que las nuevas generaciones no repitan los mismos yerros de sus mayores. Y España, tan rica en potencialidades de todo orden, no puede regresar al pozo insondable del odio, precisamente cuando los españoles están pidiendo a gritos el entendimiento, como fórmula indispensable del verdadero progreso.

               Hoy más que nunca debemos reivindicar la grandeza de España y lo que nos une frente a lo que nos separa. Frente al odio y el sectarismo estériles, el orgullo de pertenecer a una nación milenaria por tantas razones envidiada. Si nos empeñamos en manipular la historia y en utilizarla como arma arrojadiza, sólo conseguiremos división y pobreza, que harán las delicias de los enemigos de una España que debe saber mirar al futuro sin repetir los errores del pasado.

               LFU

Conspiración y Estado de derecho*

La seguridad jurídica es una de las notas consustanciales a todo Estado de derecho. Los ciudadanos necesitan disfrutar de un grado razonable de certeza y confianza en las normas jurídicas que regulan su convivencia y en la estabilidad del ordenamiento y disponer de un grado admisible de previsibilidad de las consecuencias del incumplimiento de las leyes, como elemento disuasorio de su violación.

En los últimas tiempos, los españoles –y con mayor conocimiento de causa los juristas- asistimos atónitos a una perversión de la seguridad jurídica en función de razones de oportunidad o conveniencia política establecidas por el gobierno de turno, encargado de cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente.

El recién anunciado pacto entre Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana para una candidatura única -cuya letra pequeña no se ha hecho pública- incluye la secesión de una parte del territorio nacional en un plazo de seis meses según declaración pública del propio Presidente de la Comunidad Autónoma catalana. Es decir, con luz y taquígrafos se hace público un insólito pacto para cometer un delito de rebelión o, cuando menos, de sedición, de los regulados en los artículos 472 y 544 del Código penal, lo que implica ya la comisión del delito en grado de conspiración.

No se requiere ningún análisis sesudo de los hechos para llegar a esa conclusión, que obtendría  cualquier estudiante de primero de derecho.  Cierto es que el tipo penal del delito de rebelión exige que la declaración de independencia de una parte del territorio nacional venga precedida de un alzamiento «violento y público», y es la nota de la violencia lo que dificulta el correcto encaje de los hechos en ese tipo penal. Ello nos lleva a considerar como tipo penal más plausible el de sedición «Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.». Y en cuanto al grado de conspiración resulta palmario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del Código penal «La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.»

Sorprendentemente –o no, ya que la sorpresa requiere una previa expectativa de lo contrario- la noticia no ha excitado suficientemente el celo de la Fiscalía General del Estado, ni del Ministerio de Justicia, imbuidos todos ellos por el dontancredismo impuesto por el Presidente.

Es legítimo preguntarse cuál sería la respuesta del Estado si en lugar de tratarse del Presidente de una comunidad autónoma, se hiciese pública una conspiración de café para subvertir el Estado de Derecho por parte de un grupo de militares y civiles. La respuesta a tan retórica pregunta nos da la medida de que el Estado de derecho no funciona en España, o peor aún, lo hace o no en función de las conveniencias electorales de cada momento y lo que es casi peor, en función de la identidad de quien lo desafía.

Reza el dicho proverbial que «vale más prevenir que curar». El Estado de derecho no funcionó el 9 de noviembre de 2014 como funciona cuando un contribuyente comete un error en su declaración de la renta o sobrepasa el límite de velocidad.  No hubo nadie en la trinchera de la ley y los que retaron al Estado de derecho cosecharon una lamentable victoria moral. 

Ahora hay razones de sobra para temer que seguirá en fase durmiente a ver si el tiempo o la ventura le arreglan las cosas a un Presidente que parece no ser consciente de que puede que haya dejado de serlo cuando otros quieran consumar un delito para el que ya están públicamente conspirando. Para entonces, puede ser demasiado tarde, no para el Presidente, sino para España.

* (El artículo, escrito sobre la base de la entrada anterior, fue enviado a ABC pero finalmente no se ha considerado su publicación por la dirección) 

Luis Felipe Utrera-Molina Gómez.                          

El Pacto Mas-Junqueras y la conspiración para delinquir

El recientemente anunciado pacto entre Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana, cuyo texto aún no se ha hecho público aunque se publicita en la página web de CDC, constituye de por sí un flagrante delito de rebelión en grado de conspiración.

No se requiere ningún análisis sesudo de los hechos para llegar a esa conclusión. Basta con leer los siguientes artículos del Código penal:

Artículo 17.

1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.

3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la Ley.

Artículo 472.

Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: (…)

5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Artículo 477.

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas, además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores, con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

Del texto de los mencionados artículos se deduce sin especial esfuerzo hermenéutico que

(i) la declaración de independencia de Cataluña constituye delito de rebelión o, como poco, si se entendiese que no existe violencia, de sedición del artículo 544 del Código penal.

(ii) el pacto por el que se compromete la secesión de Cataluña del Estado español constituye una conspiración para cometer un delito de rebelión; y

(iii) que el delito de rebelión es de aquellos castigados en grado de conspiración.

  

Sorprendentemente –o no, ya que la sorpresa requiere una previa expectativa de lo contrario- la noticia no ha excitado el celo de la Fiscalía General del Estado, ni del Ministerio de Justicia, imbuidos todos ellos por el dontancredismo impuesto por Rajoy.

¿Actuarían de la misma forma dichas instituciones si se descubriera una conspiración similar en una conversación de dos tenientes coroneles en una cafetería?

La respuesta a tan retórica pregunta nos da la medida de que el Estado de derecho no funciona en España, o peor aún, lo hace o no en función de las conveniencias electorales de cada momento.

No en vano reza el dicho proverbial que “vale más prevenir que curar”. El Estado de derecho ya hizo dejación de funciones el 9 de noviembre de 2014 y mucho me temo que seguirá en fase durmiente a ver si el tiempo le arregla las cosas a Rajoy, que parece no darse cuenta de que, presumiblemente, ya no presidirá el  gobierno de España cuando otros quieran consumar un delito para el que ya están públicamente conspirando. Para entonces, puede ser demasiado tarde.

LFU

Indignidad y derrota. Por Fco. José Soler

A continuación, me hago eco, con su autorización, de la magnífica reflexión de Francisco José Soler en Infocatólica, que hago mía sin ningún tipo de matices. Tras darle muchas vueltas al resultado de las elecciones del domingo, con esto queda dicho todo. El que tenga oídos para oír que oiga.

Nunca, en la historia de la democracia española, había comenzado un gobierno con tanto respaldo en el parlamento, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos como lo tuvo el gobierno de Mariano Rajoy al iniciar su andadura tras las elecciones de noviembre de 2011.

Ciertamente, ese respaldo era necesario, puesto que el nuevo ejecutivo se hallaba ante una tarea ingente: la de recuperar el equilibrio y la sensatez en todos los asuntos desequilibrados insensatamente por el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Entre ellos se encontraba, sin duda, como uno de los asuntos prioritarios, la economía. Pero no era la economía lo único sacado de quicio por las ocurrencias y los delirios de ingeniería social del anterior presidente. En el legado de éste se encontraba también una ley que convierte en derecho la muerte de seres humanos en sus primeras semanas de vida. Una ley que, con toda razón, había sido recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional (… por cierto, ¿existe el Tribunal Constitucional?...) En el legado de Zapatero se encontraba también una ley que priva a los niños de su derecho a tener un padre y una madre. Y también esta había sido recurrida, con toda razón, por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional (… por cierto, ¿existe el Tribunal Constitucional?...). Y otra ley que decide por vía parlamentaria quiénes fueron los buenos y los malos en nuestra contienda civil. Y obliga a todos a aceptar ese decreto de damnatio memoriae, sin el menor respeto a la libertad de pensamiento de cada uno.

El ejecutivo de Mariano Rajoy tenía ante sí, qué duda cabe, una importante y difícil misión: Por una parte, estabilizar y reconducir la economía, y por otra parte recuperar los derechos y libertades perdidas como consecuencia del talante despótico del anterior presidente de gobierno. Ésta era su doble misión, y este era también el compromiso que los populares habían adquirido con sus votantes al recurrir las leyes zapateristas más inicuas ante el (¿inexistente?) Tribunal Constitucional.

Sin embargo, dar marcha atrás en el experimento de ingeniería social de Rodríguez Zapatero conllevaba un riesgo. Pues ello significaba oponerse a la máxima, aceptada en nuestro país como un dogma de fe, de que es la izquierda la que dictamina el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo políticamente correcto y lo incorrecto. Significaba, por tanto, hacer frente a la izquierda en una batalla cultural, una batalla de argumentos sobre los derechos de los más débiles: el derecho a la vida, los derechos de los niños. Y también sobre el derecho de todos a la libertad de pensamiento.

Esa batalla se podía ganar, o se podía perder, y con ella el gobierno. Pero había también una tercera posibilidad: La de olvidarse de todo esto, y no arriesgar el poder por cuestiones de tan poca monta. A fin de cuentas, lo importante es la economía, y no unas abstrusas e intrincadas cuestiones morales y teóricas, que no interesan ni a veinticinco. Esta tercera alternativa tenía un nombre: indignidad.

De manera que el gobierno más respaldado en la historia de la democracia española, debía decidirse. Sus miembros y su presidente, Mariano Rajoy, debían decidir qué harían con la confortable mayoría en las dos cámaras del parlamento, en los parlamentos regionales y en los ayuntamientos de las ciudades más importantes. Hacia qué la encaminarían.

Y las alternativas eran, en el fondo, estas dos: Tenían que escoger entre la indignidad y una batalla cultural con posibilidad de derrota. Escogieron la indignidad, y con ellos queda. Y ahora van a tener también la derrota.

Francisco José Soler

Doctor en filosofía de la física por la Universidad de Bremen

Catalá: un ministro al servicio de la mentira

«La presente Ley reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. El legislador ha considerado razonable, de acuerdo con las indicaciones de las personas expertas y el análisis del derecho comparado, dejar un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros (…)» Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta mañana, rompiendo mi recién adquirido hábito de no escuchar los programas informativos de la mañana, he tenido el infortunio de escuchar una entrevista al ministro de justicia Catalá quien en un alarde de cinismo y desvergüenza colosales, ha afirmado con total tranquilidad que “la actual regulación del aborto en modo alguno reconoce el derecho al aborto.” (sic). Más miserable aún, si cabe, ha sido el ministro al insistir en la idea de que en este asunto están en juego las creencias religiosas de los católicos, como si la vida del embrión fuera un dogma o una cuestión de fe.

 El Partido popular, bajo la inspiración del inefable Arriola, ha decidido que aquella “barbaridad” (en palabras de Rajoy) de ley aprobada por el gobierno sectario de ZP ha alcanzado hoy un alto grado de “consenso”. Ahora ya no es un “disparate”; lo “sensato” es mantenerla porque al fin y al cabo, cuando vengan “los otros” la van a cambiar (Rajoy dixit). Mientras tanto, en una contradicción esquizofrénica, el Partido popular no ha retirado el recurso contra dicha ley ante el Tribunal Constitucional. Así que para salvar la evidente contradicción, nada más efectivo que recurrir a la mentira. 

Como decía Bismark «Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería».  Pero en este caso, estando en juego la vida de tantos miles de inocentes, la mentira adquiere caracteres de una grosería intolerable.

Son muchas las presiones que están teniendo que soportar un grupo de parlamentarios del partido popular por haber anunciado que no actuarán de comparsas en la miserable reformita que se ha sacado Rajoy de la manga. En mi opinión, debían haber abandonado sus escaños hace muchos meses. 

Pero aún están a tiempo de salvar la dignidad. Espero que perseveren y no se asusten. La mentira tiene un poderoso príncipe, pero somos muchos los que sabemos que su destino no es otro que la derrota definitiva.

LFU

Sobre Charlie y los peligros del multiculturalismo

Como acertadamente escribía hace días Enrique García Máiquez, todos los que creemos en los valores de la civilización cristiana somos víctimas potenciales del islamismo radical. Eso es lo único que me une con quienes hacen negocio de la blasfemia, de la procacidad y la provocación soez, a los que por lo visto no se puede reprochar su actitud so pena de ser acusados de justificar su asesinato. 

Me gustaría ver al “equidistante” Fernando Ónega decir lo mismo que ha dicho hoy del Papa Francisco, si estuviéramos hablando de una revista que reivindicase, por ejemplo, los valores del nazismo y la negación del holocausto y quienes les hubieran acribillado hubiera sido un comando de desvariados integristas judíos.

Las civilizaciones entran en decadencia cuando dejan de creer en sí mismas y la civilización occidental comenzó su declive cuando dejó de defender y reivindicar los valores de la cristiandad que son los que han constituido su basamento.  

Lo que estamos viviendo en Europa en los últimos tiempos es una consecuencia lógica del llamado “multiculturalismo”, que no es sino la plasmación del complejo de nuestra civilización ante culturas claramente inferiores que niegan el respeto a la dignidad profunda del ser humano, que degradan a la mujer hasta límites intolerables y discriminan al infiel de forma notoria, pero cuya fuerza viene de la propia cohesión de sus componentes quienes fomentan el arraigo de sus valores y creencias.

Toda comunidad tiene derecho a defender su modo de vida y sus principios frente a la agresión de quienes se niegan a integrarse y quieren imponer una cultura totalitaria basada en el fanatismo religioso. Pero para exigir la aceptación de unos valores, primero hay que creer en ellos y no tengo muy claro que los líderes europeos estén dispuestos a reconocer y reivindicar los valores de nuestra civilización cristiana y occidental.

LFU

"Ni amnistiados ni prescritos". Por Fernando Suárez González

Pocos se acuerdan ya de D. Lucio Rodríguez Martín, el joven y modesto policía armado que, once meses después de ingresar en el cuerpo y vestido de uniforme, prestaba servicio de vigilancia en las oficinas de la compañía Iberia, en la calle Alenza de Madrid, el 14 de julio de 1975. Eran aproximadamente las diez de la noche cuando un comando del llamado Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (el FRAP de tan triste memoria) le disparó por la espalda. Lo habían escogido al azar, después de recorrer en un coche robado diversas zonas de Madrid buscando al que les iba a resultar más fácil. La propia organización se atribuyó el crimen, en comunicados a diversos periódicos de Madrid. 

Lo enterraron en Villaluenga, en la provincia de Toledo, donde vivía también su jovencísima novia, con la que se disponía a contraer matrimonio. Los padres y hermanos del policía Rodríguez Martín, como los de tantas otras víctimas anteriores y posteriores, no podían entender la razón de tanta crueldad, que era, efectivamente, irracional.

La eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad fue, en aquel caso, total, y en setenta y dos horas fueron detenidos el organizador y los cuatro ejecutores materiales. El consejo de guerra que juzgó aquella causa condenó a la pena de muerte a tres de los implicados y a las penas de reclusión de treinta y veinticinco años, respectivamente, a los otros dos.

Estamos hablando de 1975 y es forzoso recordar que cinco años antes el Jefe del Estado había indultado de la pena de muerte a seis terroristas condenados por un consejo de guerra que había tenido lugar en la ciudad de Burgos. Entre aquel indulto y julio de 1975 se produjeron en España cuarenta y dos asesinatos a manos de bandas terroristas, entre ellos los del presidente del Gobierno, el almirante D. Luis Carrero Blanco, su conductor civil, D. José Luis Pérez Mogena, y su único policía de escolta, D. Juan Bueno Fernández, y los de las doce víctimas que fueron sacrificadas por la bomba de la cafetería Rolando, en la calle del Correo.

Junto con el aludido consejo de guerra que condenó a los asesinos de D. Lucio Rodríguez Martín, otros tres juzgaron a los autores de los asesinatos del cabo de la Guardia Civil D. Gregorio Posadas Zurrón, del teniente de la Guardia Civil D. Antonio Pose Rodríguez y del cabo de la Policía Armada D. Ovidio Díaz López, imponiendo otras ocho penas de muerte. 

El Consejo de Ministros se enteró, como era obligado, de aquellas sentencias, algunas confirmadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar, y el Jefe del Estado conmutó por treinta años de reclusión las penas de muerte impuestas a seis de los autores que, aun habiendo prestado su imprescindible colaboración (conduciendo el coche, aportando las pistolas, facilitando la munición o cubriendo la retirada) no habían sido autores materiales de los disparos. Es rigurosamente falso que los ministros impusieran pena o firmaran documento alguno. Como lo es también que el terror de aquellos años tuviera como argumento pretendidamente legitimador la lucha por la democracia.

Si no bastara la consideración de que un verdadero demócrata jamás utilizará la violencia para defender proposición alguna, la vil mentira quedó de manifiesto cuando, aprobada la ley para la reforma política que nos situaba en el camino de la democracia e incluso aprobada la Constitución que consagraba felizmente la Monarquía de todos y estructuraba definitivamente la democracia tantas veces fracasada entre nosotros, se produjeron aún más de setecientos atentados terroristas. Sostener que la democracia española le debe algo al terrorismo es una burda falsificación.

A poco sentido que tuviéramos, sabíamos que se aproximaban tiempos de cambio y que nuestra imagen de políticos sufriría un serio deterioro por las exigencias de la lucha antiterrorista, pero, sin perjuicio de las matizaciones que algunos hicimos y que el juramento impide revelar, teníamos el convencimiento de que la política no es el «arte de negociar la conveniencia propia» –como la definió peyorativamente el padre Feijóo–, sino «profesión de hacer bien a muchos, aun con pérdida propia», como acertó a decir el beato Juan de Ávila.

Quienes vivimos aquellos dramáticos momentos sabemos bien que en las desmedidas protestas suscitadas en algunas capitales europeas había mucho más de ataque a Franco que de petición de clemencia, y sabemos también quiénes cerraron el camino a cualquier benignidad. Cuando en julio y septiembre de 1976 Valery Giscard d´Estaing no tuvo a bien ejercer el derecho de gracia y la hoja de la guillotina cayó sobre el cuello de criminales franceses, no se conmovieron los que se oponen a la pena capital en función de quien la aplique.

Casi cuarenta años después, cuando ya no existe ese duro castigo, cuando creíamos que había sido posible la concordia, cuando España podría tener ante su futuro los más amplios horizontes de convivencia democrática, se intenta resucitar el odio al adversario y parece buscarse una infame revancha, intentando ennegrecer el prestigio y la honra de algunos intachables gobernantes que en el pasado trabajaron, con decencia impecable, por el desarrollo cultural, económico y social de España. No tengo espacio para trazar el perfil de los ministros de los que hablan estos días los medios de difusión, y quiero solo dejar constancia de que de todos ellos –de todos– me siento solidario.

En algunos casos, todavía no ha comentado ningún creador de opinión que la juez argentina que pretende encausarnos actúa, no sé si por mala o por ignorante, a instancia de tres de los participantes en el asesinato del policía armado de que hablaba al principio. Indultados por Franco y amnistiados por la ley de octubre de 1977, pretenden ahora, con pasmosa inverecundia, que se olviden sus delitos y que se persiga a quienes aplicaron las leyes entonces vigentes. 

La magistrada no se ha dirigido jamás a ninguno de nosotros, que somos lo suficientemente notorios como para localizarnos con bastante facilidad. Ha viajado por España dedicada a sus pesquisas y sin el menor interés en hacernos una sola pregunta y se descuelga ahora con la petición de extradición a Argentina para una «declaración indagatoria», en un auto que por cierto ordena comunicar a los querellantes, seguramente para trasladar el escándalo a la prensa, pero que en ningún momento hace llegar a los ciudadanos perseguidos.

Para añadir confusión a tanto desatino, hay algunos preclaros responsables actuales que pretenden eludir el problema recurriendo a prescripciones y amnistías, lo que equivale a aceptar que hubo delitos, y por eso no vamos a pasar. Indague cuanto quiera la juez rioplatense, pero tiene muy poco que indagar: Todo ha sido notorio, conocido, publicado mil veces y sabido de sobra por los electores de 1982, de 1986, de 1987 y de 1989.

Ni delitos, ni prescripciones ni amnistías. Excuso decir la tranquilidad con que espero que me vengan a detener policías o guardias civiles, compañeros de los centenares que fueron víctimas del terrorismo que ensangrentó España y a quienes somos muchos todavía los que no vamos a olvidar. 

«Podemos» o el espíritu de la Cheka

La campaña de acoso y derribo contra el periodista de Tve Sergio Martín por la entrevista a Iglesias Turrión por parte de la izquierda chequista, instalada desde hace décadas en el Consejo de Informativos de la televisión pública, es un síntoma más de la eficacia e impunidad con la que la cheka acúa en la represión de cualquier actitud desviacionista o contrarrevolucionaria.

Resulta quimérica una condena semejante a periodistas chequistas como Wyoming, Sopena, Llamas o a otros más taimados como la incisiva Ana Pastor por parte de un partido del centro derecha, por supuestos agravios a un líder de su espectro ideológico. Al día siguiente de intentarlo, toda la progresía cejijunta, con Pilar Bardem a la cabeza organizaría un casposo y multitudinario aquelarre tricolor en defensa de la libertad de información.

Sergio Martín no hizo más que colocar a Iglesias frente a sus propias mezquindades, en un acto de osadía poco frecuente dado el sesgo a babor de la mayor parte de sus compañeros de profesión.

Iglesias ha señalado más de una vez públicamente la conveniencia de que los presos de ETA salgan de las cárceles, por lo que a nadie debe extrañarle que se le tenga por satisfecho por haberse cumplido su deseo. El problema es que al final, todos los chequistas, acostumbrados a pastar entre sumisos correligionarios, se arrugan a la interperie. No ha tenido el valor de mantener ante millones de españoles lo que arenga en sus homilías podémicas ante el populacho hambriento de circo.

Iglesias se aleja así de la frescura original, rompedora y revolucionaria de su primer momento, para instalarse en el ámbito de la corrección política de su denostada “casta”. La sangre inocente derramada por Santi Potros ha hecho que se tenga  que tragar inesperadamente sus palabras y eso no le ha gustado nada.  Por eso envía a sus perros de presa contra el osado entrevistador que acaba de ingresar en las nutridísimas filas de “fascistas” a los que arrojar a los leones.

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El PP y el voto del miedo

No descubro la pólvora si digo aquí que el Partido popular a estas alturas, tiene toda la esperanza puesta en el miedo al advenimiento de PODEMOS como su única tabla de salvación de cara a las próximas generales.  Arriola es malo, pero no tonto y tiene abducida a la cúpula del partido que ve como la tierra se empieza a mover bajo sus pies.

Como todo partido que aspira a conquistar la mayor cuota posible del electorado, el Partido popular hace tiempo que renunció a los principios propios de su electorado tradicional, limitando sus objetivos al buen hacer en materia de política económica y a la defensa de principios genéricos políticamente correctos como la Constitución, el progreso , la democracia, etc… evitando la defensa de cualesquiera valores o principios comprometidos, especialmente los de carácter moral, que pudiera ocasionarle una fuga de votos.

Si ha podido hacerlo es gracias a costa de despreciar olímpicamente a una parte de su electorado- precisamente aquél que defiende los valores tradicionales de la derecha española- al cual considera absolutamente cautivo y extraordinariamente perezoso a la hora de considerar nuevas alternativas, ante el miedo a que los zarrapastrosos de PODEMOS pudieran gobernar en España.

Esto no es nuevo, pues ya desde Aznar la búsqueda del centro comenzó a desnaturalizar a la sucesora de Alianza Popular. Lo que sí es una novedad son las formas, pues frente a la sinuosa estrategia del pasado, ahora los modos han sido harto más groseros y desafiantes. Primero la retirada de la reforma de la ley del aborto presentada descaradamente por Rajoy como “lo más sensato”, y apelando a un imposible “consenso” (una vez más el lenguaje políticamente correcto) y después, la absoluta claudicación ante el independentismo catalán concretado en una catastrófica gestión de los sucesos del 9 de noviembre en el que el Estado de derecho desapareció ante la crónica de un delito anunciado, han constituido un duro golpe para ese electorado cautivo que se empieza a resquebrajar.

Rajoy se equivoca fiándolo todo al miedo. Muchos miles de votos como el mío –que tapándome la nariz les di hace tres años- están ya irremisiblemente perdidos, pues ya estoy harto de sonreir cuando me escupen a la cara. Es la hora de una nueva alternativa que recoja la desilusión de miles de españoles que creemos en la vida frente a la cultura de la muerte, que creemos firmemente en España y no estamos dispuestos a asistir impasibles al desmantelamiento de una unidad secular ni al mercadeo continuo con los nacionalistas mirando para otro lado mientras se incumple todos los días la ley en una región española.

Ha sonado la hora. Si queremos cambiar la realidad actual, el cambio tendrá que venir de nosotros mismos, pues nadie va moverse por nosotros. Si no lo hacemos, acabaremos siendo cómplices de nuestro propio desprecio como españoles.

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De las tarjetas opacas

Confieso que me revientan los linchadores profesionales, los oportunistas y los envidiosos encantados con la desgracia de los demás. Todo este amplio y variado género –tan abundante en nuestra sociedad- ha salido con el cuchillo en la boca para despellejar a los flamantes usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid/Bankia sin pararse a pensar que, la inmensa mayoría de ellos, en circunstancias similares, habría quemado la dichosa tarjeta sin pensar dos veces lo que estaba haciendo.

Dicho lo anterior, lejos de mí tratar de justificar a los privilegiados que hicieron uso de la tarjeta confiando en que formaba parte de su retribución y que el Banco pagaba por dichos ingresos a Hacienda.  Desde luego, si los agraciados con la tarjeta fueran personas sin formación, aunque la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, qué duda cabe que el reproche moral sería considerablemente menor pues son pocos los que entienden algo de este galimatías en el que se ha convertido la legislación tributaria. Pero si resulta que el usuario de la tarjeta es nada menos que un ex ministro de Economía y Hacienda, la negligencia en saber que hay que practicar retención por los ingresos que se perciben e incluirlos en la declaración del IRPF es absolutamente imperdonable.   

De ahí que, en la inmensa mayoría de los casos –sino en todos- resulte absolutamente inexcusable el supuesto error padecido al no tributar por dichos ingresos, puesto que dicho error podría haber sido fácilmente evitable empleando una diligencia media, exigible en todo caso a miembros del Consejo de Administración de una entidad financiera.  

Otra cosa es el espectáculo bochornoso y muy probablemente delictivo –o cuando menos merecedor de una sanción por la escrupulosa Agencia de Protección de Datos-  de hacer públicos los gastos realizados por cada uno, ya fuera en lenocinios o en establecimientos de arte sacro.  Esto era absolutamente innecesario salvo para echar más leña al fuego y alimentar las fauces revolucionarias de Podemos.  Que cada uno pague lo que deba, con las sanciones que correspondan y si la cuota pasa de 120.000, procédase por delito fiscal, pero no hay derecho a que además le desnuden a uno en la plaza pública para regocijo de los linchadores de cada aldea.

Yo que Goirigolzarri y los que desde arriba le amparan estaría algo inquieto pues la venganza es un plato caliente que se sirve frío y hay que estar limpio como una patena (cosa rarísima tanto en la banca como en la política) para aguantar la resaca que más pronto que tarde, acabará llegando. Al tiempo.

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Cobardes y acomplejados

Decía Gonzalo Fernández de la Mora en su colosal libro de memorias "Río Arriba", que era habitual que los regímenes acomplejados arremetiesen contra sus predecesores, tanto más cuanto más eminentes habían sido éstos.

Viene al caso la cita al hilo de la noticia de que el Parlamento gallego -que no debe tener mucho que hacer- aprobará mañana, con el voto favorable del PP, una declaración de condena al 18 de julio y al régimen capitaneado por Francisco Franco, a los 39 años de su desaparición.

Es natural. Que un enjambre de politicastros abrazafarolas incapaces de garantizar una mínima eficacia a sus conciudadanos  se una entusiasta en la condena al gobernante más honesto y eficaz que ha conocido la historia reciente de España es un timbre de honor para aquél régimen que, con todos sus defectos, se engrandece día a día en la comparación con la nefasta II restauración, que amenaza con destruir lo que se construyó con el esfuerzo y la sangre de tantas generaciones de españoles.

Que los diputados del Partido que fundó Manuel Fraga, tantos años ministro de Franco se revuelquen en ese repugnante y ridículo aquelarre retrospectivo con nacionalistas, comunistas y socialistas, es un paso más en la esquizofrenia de un partido del que muy probablemente hoy abominarían la totalidad de sus fundadores.

Alguna vez pensé que Feijóo era un político distinto, con personalidad y visión de futuro. Pero su bochornoso complejo ante los nacionalistas, su abierto apoyo de la abominable ley del aborto, su infame imposición en los colegios de la ideología de género y, por último, su entusiasmo en condenar 40 años después a los que hicieron posible el progreso y la democracia en España frente a los que preconizaron la revolución bolchevique, quemaron iglesias y asesinaron a millares de religiosos, le define como lo que es. Un cobarde y un peligroso acomplejado.

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Con el honor intacto

Hace unos meses, cuando ya se vislumbraba que el proyecto de ley de reforma de la ley del aborto acabaría acumulando polvo en un cajón de presidencia del gobierno y siendo consciente de su soledad, le envié el mensaje de aliento y agradecimiento que había recibido de mi madrina, una mujer que dedicó 30 años de su vida a cuidar del amor de su vida, una niña con Síndrome de Down hasta que Dios quiso llevársela y que ahora cuida de su marido, enfermo del Alzheimer. Todo un ejemplo de amor y defensa de la vida.
Su contestación fue escueta, pero significativa: “Muchas gracias Luis. Esos son los ejemplos que confirman la necesidad de dar esta batalla. No tengas ninguna duda que la llevaré hasta el final, aunque me costase el ministerio. En toda mi vida política es ésta la causa más noble que he defendido.“

Lo que en un principio fue la negativa a habilitar una partida presupuestaria para ayuda a la maternidad –lo que ya dejaba cojo el anteproyecto- pronto comenzó a derivar en obstáculos, objeciones y recortes de todo tipo, que amenazaban con desnaturalizar por completo un anteproyecto que, como hemos comprobado, iba mucho más allá de lo admisible para un amplio espectro de la sociedad, en el que se enmarca la dirección del Partido popular. El final de la historia era previsible: una apelación a un consenso imposible para vestir el muñeco de lo que no es sino una clamorosa claudicación de principios.

Produce honda desazón comprobar cómo la falacia del falso progresismo ha contaminado al principal partido de la derecha (o de lo que sea). El inexplicable complejo de inferioridad frente a la izquierda ha acabado por aniquilar el menor atisbo de defensa de unos principios que habían llevado a muchos a darles su apoyo. Y es que todo el proyecto de ingeniería social de los ocho años de Zapatero (aborto, memoria histórica, etc…) se mantiene incólume en nuestro ordenamiento, ante la pasividad de un gobierno alérgico a los valores tradicionales de sus votantes y empeñado en confiarlo todo a la economía y al miedo que puedan meter los de “podemos”.

Era plenamente consciente de que poniéndole un plazo a la aprobación del proyecto de ley se estaba poniendo un plazo a sí mismo. Acaso era la única forma de que cada uno se retratase y asumiese su responsabilidad. Y él ha acabado asumiendo la suya con enorme dignidad. Con auténtico señorío. Ha tratado de dar una batalla imposible para concienciar a la sociedad de la necesidad de defender la vida frente a la cultura de la muerte y ha fracasado en el intento, o no, porque esto no acabará aquí, ni mucho menos. Y para mí, esa convicción interior que le ha llevado a sacrificar su carrera política por una causa tan noble como la defensa de la vida de los más débiles justifica y redime toda su trayectoria. Empezó en política de la mano de su padre defendiendo la vida frente a la primera ley del aborto y Dios ha querido que sea también esa la causa de su adiós.

Se va con el honor intacto. A otros les toca administrar las consecuencias de una vergonzosa claudicación. A él, recuperar su vida, ese mundo aparte que todos tenemos en un rincón del alma.

Un gran abrazo y gracias por tu ejemplo.

Luis Felipe Utrera-Molina

Un heróico 16%

Con la que está cayendo, que algo más de un 16% de los jóvenes españoles esté dispuesto a dar la vida por España, lejos de ser una mala noticia, resulta una invitación a la esperanza.  Yo creía que eran, o éramos -pues con cuarentaytantos aún  me considero joven-muchos menos.

Fue la derecha –no olvidarlo- la que eliminó de un plumazo el servicio militar con la repugnante gracieta del peor ministro que recuerdan los militares, Federico Trillo, que quiso hacerse el enrollado con aquello de “se acabó la puta mili”.  Era evidente que Aznar pensaba más en las próximas elecciones que en las siguientes generaciones, aunque con su proverbial humildad seguro que tampoco es capaz de reconocer aquél inmenso error. Se privó a generaciones de jóvenes de conocer la milicia, de aprender valores como la disciplina, la humildad, la renuncia o el compañerismo. Se les hurtó la posibilidad de escuchar en la orden del día las hazañas gloriosas de nuestro ejército, de sentir el orgullo de servir a una patria que para muchos ha desaparecido de su entorno, de saber en definitiva, lo que representa ser español.  

Como decía Spengler, al final siempre es un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Y en una España en plena decadencia, en la que los valores del honor y de la patria quedaron arrumbados, cuando no proscritos, hace decenios; en los que los chavales estudian de memoria los churros, rosquillas y huesos de santo como alimento tradicional e ignoran el nombre de nuestros legendarios conquistadores del XVI; en la que la categoría de las personas se mide por el precio de su teléfono y el sacrificio ha pasado de ser un valor a convertirse en una patología más del masoquismo, saber que hay un 16% de los españoles que, resistiendo heroicamente el colosal embite de un medio hostil, serían capaces de dar su vida por España, es como para estar orgullosos y sacar pecho.

En ese 16% caben muchos pelotones. Con muchos menos, D. Pelayo inició la reconquista. Definitivamente, un nuevo motivo para creer aún en nuestra querida España.

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Pujol, Game over

El reciente destape de una mínima parte sus vergüenzas pecuniarias por el patriarca nacionalista Pujol ha hecho emerger de las profundidades enormes dosis de impostura en no pocos políticos y comentaristas que parecen recién caídos del guindo tras décadas mirando para otro lado mientras la familia hacía caja con las pingües comisiones que formaban parte de la normalidad empresarial en medio del paisaje putrefacto de un oasis mantenido durante lustros por tirios y troyanos gracias a una ley electoral hecha a la medida de las fuerzas centrífugas.

No creo demasiado en las casualidades. Que precisamente en el año clave para la ofensiva separatista y pocos días antes de que el presidente de la Generalidad visite la Moncloa se destape el escándalo conocido y tapado por tantos durante tanto tiempo, tiene un tufillo a seria advertencia más que a descubrimiento policial, y me provoca un asco inmenso por el desprecio y agravio que supone al resto de los españoles que procuramos cumplir con nuestras obligaciones y no tenemos nada que ofrecer para la “estabilidad” institucional de la nación.

Es precisamente la quiebra del Estado de derecho que durante tantos años ha estado ausente de forma selectiva en Cataluña y que tuvo quizás su faceta más turbia en la Sentencia del caso Banca Catalana, la que me hace dudar que, una vez más, al final de esta historia, y a cambio de frenar el proceso secesionista, hayamos de tragarnos los demás el inmenso sapo de que las millonarias comisiones del 3% se hayan convertido para la historia en una romántica y añeja masa hereditaria tardíamente regularizada.

Parece claro que a Pujol y a su familia se les ha acabado su rentabilísimo juego. Pero no apostaría a que sufrirán como cualquier otro ciudadano el rigor de la justicia. Las cloacas del Estado aprietan, pero no parece que ahoguen.

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Cataluña. La cesión al chantaje

Sólo desde la humildad y la autocrítica pueden afrontarse los problemas que nos afectan. España debe reconocer que, ante el desafío separatista del nacionalismo catalán, lleva décadas a la defensiva, cediendo continuamente a su chantaje y tratando de encontrar un “encaje” de “Cataluña” en España, cuando en realidad de lo que se trata es de calmar a la fiera con carne cruda.

Pero la fiera –el nacionalismo separatista- cada vez pide más. Hasta ahora se había contentado con inyecciones de dinero y transferencia de competencias. Con ese dinero y esas competencias han educado a dos generaciones que en su mayor parte no se sienten españoles, con la inestimable ayuda del control de los medios de comunicación, al servicio de los mitos goebbelsianos del separatismo.  

Resulta desazonador comprobar cómo en las élites de la sociedad prevalece el tacticismo y la resignación y toda la estrategia gira en torno a ver cómo se puede contentar “a los catalanes” cuando de lo que verdaderamente se trata es de contentar la voracidad del separatismo, olvidando absolutamente a ese 40 o 50% de los catalanes que se sienten españoles, a los que nadie toma en serio y que sufren en silencio la opresión nacionalista.

No resulta baladí el hecho de que el rey Felipe en los últimos meses haya viajado en ocho ocasiones a Cataluña y en ninguno de sus viajes se haya reunido con alguna de las plataformas que se atreven a hacer frente públicamente al nacionalismo.  

En los últimos días se habla incesantemente de nuevas maniobras opacas para ofrecer nuevos privilegios al nacionalismo a costa de la soberanía de los españoles y si hace falta cambiar la Constitución, ésta no será la barrera.

Es la derrota del Estado de derecho frente al desafío y la chulería del nacionalismo. España está abandonando a su suerte a millones de catalanes que se sienten catalanes y españoles y sobre cuyo atemorizado silencio cabalga triunfante la hidra nacionalista.

El verdadero triunfo del nacionalismo separatista está en la extrema debilidad de España como nación. Se equivocan quienes piensan que esta vez lo van a solucionar con dinero. Ya es demasiado tarde. La única solución pasa por la firmeza en la defensa de la ley y el estado de derecho frente al chantaje y la desobediencia.

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