Reflexiones sobre las autonomías en la obra de Federico Silva Muñoz. Por Beatriz Silva de Lapuerta

Con este artículo no pretendo escribir nada nuevo sino simplemente transmitir lo que mi padre, Federico Silva Muñoz, escribió con una “clarividencia espeluznante” en el año 1980, poco después de ser aprobada la Constitución del 78 a la que el siendo diputado en el Congreso otorgó su voto negativo precisamente debido al tema de las autonomías.

De su libro “La transición inacabada” he extractado párrafos para comprimir su contenido, aun así  como veréis el resumen es largo pero dada la importancia de cada uno de sus pensamientos y predicciones en un tema tan de actualidad como son las autonomías, no he podido hacerlo más breve. Espero que esto nos ayude a todos a reflexionar y quizás a vislumbrar algunas posibilidades de reforma.

¡Que Dios nos dé políticos clarividentes, honrados y con amor a la Patria!

Beatriz Silva

Extractos de “La transición inacabada”:

La democracia se fundamenta en el imperio de la norma, y ésta es la que regula la convivencia. Naturalmente, la norma encargada de regular fundamentalmente la convivencia ciudadana es la Constitución. La Constitución es un término cargado de resonancia histórica que a lo largo del siglo XIX y en parte del XX levanta en España, esperanzas e ilusiones, o críticas acerbas y situaciones dramáticas.

Casi cincuenta años después de la última, España ha vuelto a ensayar Constitución (la del 78). Una Constitución de elaboración asamblearia y de aprobación por consenso. Ambos factores exigen reflexión: el anteproyecto que sirvió de base para la elaboración del texto que hoy nos rige no fue el fruto de un equipo de estudiosos, de un grupo de especialistas o de una voluntad monolítica y mayoritaria. Desde el primer momento se busco que sus primeras letras fueran obra de los representantes de los partidos con presencia parlamentaria nacida de las elecciones del 15 de junio de 1977. Esto no excluye ciertamente que los redactores fueran expertos en Derecho Constitucional, pero quiero subrayar que sobre los conocimientos técnicos prevaleció la representación política. Los ponentes que han redactado la Constitución, sobre todo y ante todo han sido portavoces de los partidos. Así se elaboró un texto constitucional que no fue fruto de una voluntad mayoritaria, sino del acuerdo consensual de los partidos.

Este planteamiento conlleva gravísimas secuelas. En primer término, porque en el orden constitucional, las unanimidades son ficticias y en materia tan extensa, opinable y trascendental, la unanimidad es una unanimidad ficticia donde quedan al margen del consenso millones de españoles y decenas de partidos, grupos y sectores. En este orden de ideas, la política de consenso es una trampa. El consenso no justifica determinado tipo de cesiones que están más allá del comercio de los hombres y de los tratos de la política y que hasta la propia Constitución en su día puede condenar.

La Constitución ha nacido, pues, bajo el signo del consenso, pero la política del consenso apunta tener posconstitucionalmente otro nombre, el de política de cesión, y esto es lo verdaderamente inadmisible. Creo que el pacto y la transacción difícilmente pueden apartarse de la tarea política, pero el dar todo o mucho por nada o casi nada es difícil de comprender. En la dialéctica del poder ejercida o asumida por los partidos tiene que haber un equilibrio de las prestaciones; si se rompe, hay dictadura o hay revolución.

Por encima o por debajo del consenso, crecen en el horizonte político español dos hechos gravísimos, me refiero a las autonomías y a la crisis económica.

He defendido en todas mis exposiciones públicas la regionalización y la descentralización, fiel al principio de que aquello que puede hacer un ente inferior no le corresponde hacerlo al ente superior; fiel al principio de la aproximación de la Administración a los administrados; fiel al principio sobre todo y ante todo del mantenimiento de la unidad de España. Otros hablaron de autonomías, término ambiguo, porque lo único que puede decirse de él con claridad es que su definición se contrapone a la de heteronomía: La autonomía supone la facultad de darse normas a sí mismos los entes autónomos; la heteronomía supone la posibilidad de aceptar normas dictadas por otros.

Hay por tanto en el seno del término autonomía el riesgo de caminar por una vía rápida o lenta de separatismo o de independencia total; no ocultada por sectores extremistas de algunas regiones españolas y mantenidos con violencia y fanatismo en otros límites, pero enormemente significativos y preocupantes de la actual vida española.

Se ha inscrito en la Constitución el término nacionalidades. Esta palabra entraña aun más riesgos, por cuanto trata de sustituir la única nacionalidad, la española; o al menos compartirla con la propia de determinadas regiones donde se dice que además de regiones que esperan ser territorios autónomos o empezaron a serlo por reconocimiento expreso del Estado, hay además una nacionalidad derivada de sus propias peculiaridades.

Un recto entendimiento de las autonomías exige algunas precisiones. El autonomismo no habla una palabra sobre el problema de soberanía, lo da por supuesto, y reclama para esos poderes secundarios la mayor descentralización posible de funciones políticas y administrativas.

Un Estado unitario que se federaliza es un organismo de pueblos que retrograda y camina hacia su dispersión. Los problemas de soberanía pertenecen a una dimensión histórica radicalmente más profunda que todas nuestras restantes discrepancias, que todos los cambios de forma política y que se refiere a aquel subsuelo de la vida de un pueblo del cual depende todo lo demás.

Por eso defiendo con plena convicción la unidad de España, por encima de todo, sin anfibologías, sin habilidades de menor cuantía, sin apaciguamientos inútiles. España es una nación que ninguna generación tiene derecho a enajenar o a disolver. España, como unidad, esta fuera del comercio de los hombres.

La Constitución resulta contradictoria al afirmar por una parte “…la indisoluble unidad de la nación española”, y, por otra, reconocer “el derecho a la autonomía de las nacionalidades…”. Es de sobra sabido que nación y nacionalidad se implican y complican. No puede existir al mismo tiempo una ‘indisoluble unidad de la nación española” y otras nacionalidades –en el mismo territorio-, porque estas apuntan a que “sus” naciones tengan “sus” respectivos Estados. La Constitución, tal como está redactada en este tema, incurre en una grave incoherencia.

Pero aunque todos tengamos motivo para la protesta, nadie la tiene para el engaño. Si se acepta que determinadas partes de España son naciones, lo lógico es que recaben la forma jurídica de Estado; y más tarde o más temprano un régimen de autodeterminación y autogobierno, una negación a nivel soberano con el Estado español; tal vez una independencia más adelante.

El líder catalanista Jordi Pujol ha declarado que “la reivindicación catalana es una reivindicación de soberanía” y por su parte, hombre tan moderado como el señor Roca Junyent ha afirmado que “a Cataluña, España le ha usurpado su infraestructura industrial, las obras públicas y la cultura”. Ante tamaña afirmación, no se levanta nuestra ira porque no la tenemos, ni nuestro desprecio, porque somos incapaces de despreciar a un ser humano, pero en servicio a la verdad yo haría volver la cabeza a esos catalanes engañados hacia sus fábricas, que han sido pioneras del desarrollo industrial en España y la han convertido, quizá, en la región más opulenta de la Península. Les haría volver sus caras hacia las autopistas que el llamado “centralismo” ha construido allí, que en tierra catalana son centenares de kilómetros, y que ha convertido sus comunicaciones viarias quizá en las mejores de Europa.

Está claro lo que se persigue por determinados sectores de Cataluña: volver al ensayo general de hace un siglo, que sembró el caos y la ruina de todos los españoles sin distinción de regiones ni de colores. Eso es lo que encierra el “truco de las nacionalidades”.

Las cosas están claras, pues, se pretende crear un número de ocho a quizá quince entidades autónomas… Pronto en la Península habrá múltiples nacionalidades, Entonces “por consenso” se construirá un Estado federal, quizá hasta con dificultades, porque algunas de esas nacionalidades intentaran pactar con otros Gobiernos u organismos supranacionales europeos para afianzar su independencia. Este es el camino por el que estamos discurriendo. Una vez más reclamamos el derecho a que se nos reconozca haber permanecido al margen u opuestos a este suicidio colectivo de la nación española.

En este tema de las autonomías, aun conviene plantear algunos problemas. Se dice que van a existir del orden de trescientos cincuenta ministros regionales, y que la cohorte de funcionarios autonómicos andará alrededor de los veinte mil.  Y me pregunto: ¿quién va a pagar todo eso? ¿Se ha hecho la reforma fiscal para que nuestros pensionistas perciban mas, para que los funcionarios del Estado, militares y civiles, estén mejor retribuidos, para que los servicios públicos funcionen más eficazmente, para que prosiga el trabajo y modernización de nuestras infraestructuras para que se multipliquen los puestos de trabajo? ¿O para que bajo la espadaña de cada campanario se sitúe un opulento funcionario autonómico con sus estados mayores y menores? Esto es grave y el pueblo español tiene derecho a exigir que sus impuestos no se despilfarren o se inutilicen.

Aquí aparece la verdadera faz del principio de las nacionalidades: ser el soporte de su consiguiente inmediato, un Estado propio e independiente que nace; y además, que nace contra algo; contra ese algo que hasta ese momento le ha impedido, real o supuestamente, realizarse. Poned la letra a esa música en nuestro futuro más inmediato que mediato, y estaréis avizorando el devenir histórico de España.

Desde que la Revolución francesa consagró el principio de la soberanía nacional,  toda colectividad que ha adquirido la conciencia de nación ha aspirado a la autarquía política. Y esa conciencia puede surgir de modo espontáneo, pero lo que es más frecuente es que sea inducida por una minoría capaz de crear una opinión o, por mejor decir, una conciencia de nacionalidad.

Quiero creer que en el ánimo de la mayoría de los diputados españoles no existe propósito alguno de aceptar el secesionismo y, por consiguiente, el fraccionamiento de la unidad nacional; pero no podemos ignorar que hay quienes pretenden eso de un modo inequívoco.

En cuanto al pretendido derecho a la autodeterminación, las regiones tienen derecho, dentro del Estado, a que se reconozca su personalidad y se respeten, sin discriminaciones, sus peculiaridades. También lo tienen a la autogestión en el ámbito que les es propio. Pero ¿acaso deben gozar, como culminación, del derecho a la secesión mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación?

Frente al concepto de la autonomía como plataforma del separatismo, hay que levantar el de la regionalidad y la descentralización. El regionalismo no es una aspiración romántica; es una expresión de aquella variedad nativa que exige la personalidad afirmada en la historia con caracteres indestructibles, pero que sostiene al mismo tiempo la unidad nacional y no simplemente la unidad política, la del Estado. La nación española es la resultante de una sucesión de acontecimientos que agrupan y entrelazan a las regiones peninsulares, formando un todo armónico con un único destino que cumplir: unidad superior de vida común con hermanación de todas ellas. De ahí que si las regiones existen históricamente, también haya de concedérseles la categoría de personalidad jurídica. Las regiones, por tener el derecho a manifestar su vida y carácter propio, poseen la prerrogativa de conservar y perfeccionar, conforme a su especial modo de ser, la legislación civil y administrarse y regirse interiormente en todo lo que les ataña.

Espana, como unidad de vida común, es el resultado de una variedad que era anterior y a la que sirvió de corononamiento; llevaba la unidad de creencias en el fondo y por obra de la geografía, de la larga convivencia y de las influencias análogas, llego a congregarse en una unidad histórica superior, que no puede servir de obstáculo para la plena autarquía y la libertad misma a que tienen derecho sus regiones. Repito: sus regiones, no las “nacionalidades” inexistentes.

España está huérfana de una empresa histórica para este momento. A nuestro pueblo se le despachó en la pasada década la filosofía del desarrollo, pero no se le explicó que la elevación del nivel de vida era un medio y no un fin; que a la hora de la verdad, el bienestar alcanzado se degradaría si no éramos capaces de conservar y desarrollar los valores en que se fundaba y entre ellos, muy destacadamente, la convivencia, la unidad nacional y el patriotismo que nos hermana, porque los problemas de Vascongadas están profundamente interconectados con los de Zamora o Salamanca, de donde nace la energía que mueve sus fábricas y alimenta sus puestos de trabajo; o que el nivel de vida de la región catalana tenía mucho que ver con la capacidad de consumo del resto de los españoles; o con las aguas montañesas, riojanas o aragonesas, del Ebro; que no se puede hacer caso omiso de la geografía y de la historia.

Por otra parte, cuando terminó aquella década se empezó a inculcar en las mentes de los nuevos españoles que la democracia supondría el nacimiento de una nueva España y que se resolverían con ella todos los problemas que el franquismo era incapaz de solucionar; resultando ahora que la democracia no es esa panacea, lo que produce desencantos por doquier, siendo uno de los más graves la pérdida de fe en el sistema, sencillamente porque se hizo creer al pueblo español que la democracia tenía virtudes taumatúrgicas, alentando una vez más esa milagrería secularmente innata en nuestro pueblo y esa fe en lo nuevo y desconocido, simplemente por ser desconocido y nuevo.