La verdadera Ley mordaza.

Artículo publicado en el ABC del 6 de febrero de 2017.

A finales del pasado año, el Pleno de la Diputación provincial de Sevilla, acordó, con el voto a favor de los grupos socialista, comunista (Podemos incluido), Ciudadanos y la abstención del Partido popular, retirar “de forma definitiva” la medalla de oro de la Provincia concedida a mi padre, José Utrera Molina en el año 1969 por dicha institución.  La noticia no debiera trascender el ámbito local o personal de la persona e institución concernidas si no fuera porque constituye un peligroso precedente, claramente liberticida, de hasta qué extremos de persecución ideológica está dispuesta a llegar la izquierda –con el beneplácito o indiferencia del partido popular- con la aplicación de la denominada Ley de Memoria Histórica, que alumbró la mente sectaria de Rodríguez Zapatero y ha sido mantenida por la irresponsable abulia acomplejada del Partido popular, posibilitando que próximamente pueda “celebrarse” la primera década de la misma.

Se trata en este caso del primer intento de remoción de honores concedidos a una persona viva, pues hasta ahora las distintas administraciones han venido participando en una verdadera orgía iconoclasta de carácter póstumo retirando honores, placas y menciones a personas ya fallecidas, sin la menor oposición por parte de ningún grupo político, sin duda por miedo a señalarse como afín o partidario del personaje removido, evidentemente relacionado con la España de Franco, cuando no se trataba del propio Jefe del Estado.  Lo más relevante es, sin duda, la motivación que emplea en este caso la Diputación para justificar la revocación o remoción de la distinción concedida, pues considera de forma abierta que el mero hecho de su participación activa en el régimen franquista fue determinante en la concesión de la distinción u honor concedido, por lo que, haciendo abstracción de cualquier merecimiento que hubiera sido tenido en cuenta a la hora del reconocimiento y, por supuesto sin alegar en modo alguno la existencia de una conducta posterior que desmereciera los honores concedidos y justificase dicha retirada, el mero ejercicio de dicho cargo público  durante “la dictadura” es motivo suficiente para su revocación o retirada de acuerdo con las previsiones de la Ley de Memoria Histórica.   

La indudable trascendencia de tal precedente -que de recibir respaldo judicial podría determinar, por ejemplo, la retirada de cualquier honor o mención concedido a los actuales reyes eméritos durante su etapa como príncipes de España- adquiere tintes ciertamente delirantes cuando la propia Diputación en el acuerdo mencionado, censura expresamente y utiliza como elemento ad maiorem que Utrera Molina haya osado manifestar en el trámite de alegaciones de forma explícita su lealtad a la figura de Francisco Franco  y haya hecho confesión de su condición de falangista, manifestaciones éstas que en opinión de la Diputación de  Sevilla “entran en colisión con la Ley de Memoria Histórica”.  

Que la lealtad y la coherencia política de un hombre –sean del signo que sean- puedan ser consideradas un descrédito o ser merecedoras de sanción, identifica el talante antidemocrático de quienes lo afirman.  Bajo el amparo de la Ley de Memoria Histórica, se rinden honores e inauguran monumentos a golpistas como Prieto y Largo Caballero mientras se destruyen con saña, no ya los dedicados a Francisco Franco, sino a cualquier persona relevante del bando vencedor, sobre el que se extiende el manto del olvido y el deshonor. Pero si la visión maniquea de la contienda civil es ya censurable, resulta aberrante que se condene y estigmatice a todo aquél que sirvió a España desde cualquier cargo público entre el 18 de julio de 1936 y el 20 de noviembre de 1975, independientemente de su labor concreta, por considerársele miembro de un “aparato represor”.

Tales dislates se amparan y escudan en una verdadera ley mordaza que supone una enmienda a la totalidad del espíritu de reconciliación que posibilitó la transición española y representa un instrumento letal en manos de sectarios insensatos. Desde su sectaria y falsaria exposición de motivos, que impregna e inspira su articulado, se establece una condena injusta y vergonzante contra la memoria de millones de españoles que hace 80 años tuvieron que luchar contra sus hermanos a raíz de un proceso revolucionario que hizo imposible la convivencia pacífica de los españoles y contra toda una generación de españoles que, actuando de buena fe, trabajaron para levantar una nación de sus cenizas para legarnos un futuro en paz que superase la cruel contienda fratricida.

Una ley dictada desde el odio cainita, contra una parte de los españoles, no puede ser jamás una ley justa: de ahí la grave irresponsabilidad de quienes la promulgaron y de quienes la mantienen. Su aplicación ha llevado a la profanación de sepulcros, al derribo de monumentos, a la eliminación de cualquier recuerdo de una etapa que está ya sometida al juicio de la historia, en un intento liberticida de reeducar a toda una generación de españoles para que reniegue de sus ancestros conniventes  con el franquismo.

Fue Albert Camus quien afirmó que “existe una filiación biológica entre el odio y la mentira” y que “allí donde prolifere la mentira, se anuncia la tiranía”. La ley de memoria histórica, la más mendaz, maniquea y liberticida de cuantas se han aprobado en democracia, ha vuelto a dividir a los españoles en buenos y malos, nos ha debilitado como nación aventando nuevamente odios olvidados y sepultando bajo una pesada losa la dura y esforzada conquista de nuestra reconciliación nacional. Por eso la única celebración que merece es la de su absoluta y definitiva derogación para bien de España y de los españoles.

Luis Felipe Utrera-Molina Gómez

Abogado