Confieso que, en mi ardorosa ingenuidad, llegué a pensar ayer que Mariano Rajoy iba, por fin, a tomar una decisión sobre el problema catalán. Que, por fin, el imperio de la ley y el Estado de derecho iban a ser respetados en Cataluña.
La percha que le dieron los independentistas con la resolución presentada en el Parlamento de Cataluña no podía ser mejor. En negro sobre blanco se hace público un acuerdo para cometer un delito de rebelión o, cuando menos, de sedición, de los regulados en los artículos 472 y 544 del Código penal, lo que implica ya la comisión del delito en grado de conspiración.
Rajoy tenía y tiene elementos suficientes para incitar al Fiscal General para que cumpla con su deber, es decir, garantice el cumplimiento de la legalidad en Cataluña y tiene elementos más que suficientes para aplicar el artículo 155 de la Constitución, asumir las competencias de la Generalidad y nombrar un delegado del Gobierno en Cataluña para que garantice el orden y el cumplimiento de la legalidad.
Pues no. se limitó a llamar provocación lo que no es sino sedición. Se limitó a repetir solemnemente lo que constituye su obligación más básica, cumplir y hacer cumplir la ley. Pero esto no es lo que espera ni necesita España. Los españoles que cumplimos con la ley cada día exigimos un respeto y que, de una vez por todas se pasen de las palabras a los hechos.
La hora ha llegado y ya está tardando el gobierno en asumir su responsabilidad.
LFU
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