De las tarjetas opacas

Confieso que me revientan los linchadores profesionales, los oportunistas y los envidiosos encantados con la desgracia de los demás. Todo este amplio y variado género –tan abundante en nuestra sociedad- ha salido con el cuchillo en la boca para despellejar a los flamantes usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid/Bankia sin pararse a pensar que, la inmensa mayoría de ellos, en circunstancias similares, habría quemado la dichosa tarjeta sin pensar dos veces lo que estaba haciendo.

Dicho lo anterior, lejos de mí tratar de justificar a los privilegiados que hicieron uso de la tarjeta confiando en que formaba parte de su retribución y que el Banco pagaba por dichos ingresos a Hacienda.  Desde luego, si los agraciados con la tarjeta fueran personas sin formación, aunque la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, qué duda cabe que el reproche moral sería considerablemente menor pues son pocos los que entienden algo de este galimatías en el que se ha convertido la legislación tributaria. Pero si resulta que el usuario de la tarjeta es nada menos que un ex ministro de Economía y Hacienda, la negligencia en saber que hay que practicar retención por los ingresos que se perciben e incluirlos en la declaración del IRPF es absolutamente imperdonable.   

De ahí que, en la inmensa mayoría de los casos –sino en todos- resulte absolutamente inexcusable el supuesto error padecido al no tributar por dichos ingresos, puesto que dicho error podría haber sido fácilmente evitable empleando una diligencia media, exigible en todo caso a miembros del Consejo de Administración de una entidad financiera.  

Otra cosa es el espectáculo bochornoso y muy probablemente delictivo –o cuando menos merecedor de una sanción por la escrupulosa Agencia de Protección de Datos-  de hacer públicos los gastos realizados por cada uno, ya fuera en lenocinios o en establecimientos de arte sacro.  Esto era absolutamente innecesario salvo para echar más leña al fuego y alimentar las fauces revolucionarias de Podemos.  Que cada uno pague lo que deba, con las sanciones que correspondan y si la cuota pasa de 120.000, procédase por delito fiscal, pero no hay derecho a que además le desnuden a uno en la plaza pública para regocijo de los linchadores de cada aldea.

Yo que Goirigolzarri y los que desde arriba le amparan estaría algo inquieto pues la venganza es un plato caliente que se sirve frío y hay que estar limpio como una patena (cosa rarísima tanto en la banca como en la política) para aguantar la resaca que más pronto que tarde, acabará llegando. Al tiempo.

LFU