Caso Garzón. Una Sentencia impecable.

Del Fundamento de Derecho Decimosegundo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2012 (dictada por unanimidad de la Sala Primera de lo Penal):

"3. En la conducta del acusado, pues, la injusticia consistió en

acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las

comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose

solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del

primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados.

Lo cual resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable

del Derecho, al conducir directamente a la autorización normalizada de la

intervención de las comunicaciones entre el imputado en prisión y su

letrado defensor, reduciendo así con carácter general el derecho de defensa

exclusivamente con base en la gravedad del delito investigado y en los

indicios existentes contra el primero, que son precisamente los que

determinan su permanencia en prisión provisional. Bastaría entonces para

justificar la supresión de la confidencialidad en las comunicaciones del

imputado con su letrado defensor con basar la prisión provisional en el

apartado 2 del artículo 503 de la LECrim (evitar el riesgo de que el

imputado cometa otros hechos delictivos). Esta forma de actuar causaría

una destrucción generalizada del derecho de defensa, que no tiene cabida

en la Constitución.

4. En el caso, el acusado causó con su resolución una drástica e

injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados

anejos al mismo, o con otras palabras, como se dijo ya por el instructor,

una laminación de esos derechos, situando la concreta actuación

jurisdiccional que protagonizó, y si se admitiera siquiera como discutible,

colocando a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las

garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho

contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos

de tiempos ya superados desde la consagración y aceptación generalizada

del proceso penal liberal moderno, admitiendo prácticas que en los tiempos

actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se

considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que

interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para

los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones

constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones

vacías de contenido.

La resolución es injusta, pues, en tanto que arbitrariamente

restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en

prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable."

(...)

III. FALLO

Debemos condenar y condenamos al acusado Baltasar Garzón Real como

autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3º, en concurso

aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero,

todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la

responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota

diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo

53 del Código Penal, y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez

o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que

le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la

condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno

dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así

como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones

particulares. Sin condena en cuanto a responsabilidad civil."

Definitivamente, hoy es un gran día para el Estado de Derecho.

Y, por cierto, el decano del Colegio de abogados de Madrid y el Consejo General de la Abogacia, ha han quedado como Cagancho en Almagro. Cobarde, Lamentable y vergonzoso.

LFU