Si pensábamos que el Tribunal Constitucional había agotado su cuota de obediencia, escándalo e indignidad con la sentencia del caso Bildu, es que nuestra ingenuidad está necesitada de revisión.
La Sentencia que está a punto de perpetrar el prescindible tribunal político, está dirigida a derogar la llamada doctrina Atutxa sentada por el Tribunal Supremo, en base a la cual cuando se trata de delitos que no tienen un perjudicado concreto (como ocurría en el «caso Botín»), sino que afectan «a intereses supraindividuales» o «a bienes de titularidad colectiva», el fiscal no tiene por qué tener el «monopolio» del interés social. En esos casos, y ante una petición de sobreseimiento por el Ministerio Fiscal, no puede condicionarse «la capacidad de la acción popular para obtener la apertura del juicio oral» a la presencia o no de una acusación particular en la causa y a que defienda su mismo criterio.
¿Qué pretende el gobierno? Muy sencillo. Asegurarse de que si el fiscal decide no acusar y no hay acusación particular (del directamente ofendido), no venga el Sindicato Manos Limpias de turno a desafiar las instrucciones del Gobierno a la fiscalía. Si el gobierno decide que no se acusa, pues no se acusa y ya está y nadie más tiene el derecho de velar por el cumplimento de la ley. De esta forma, se garantiza el monopolio de la fiscalía en la acusación de delitos sin víctima determinada (corrupción, prevaricación sin destinatario concreto, etc…), con lo que, por ejemplo, el amigo Garzón se vería liberado de dos de los tres procesos que tiene pendientes y Atutxa se vería liberado del proceso por desobediencia al Tribunal Supremo.
Mucha atención porque el tema es de una gravedad mayúscula. En nuestra historia reciente se han producido escandalosos desistimientos del Ministerios Fiscal en la persecución de ciertos hechos (¿es necesario recordar el caso Otegui?), y gracias al ejercicio de la acción popular se han iniciado procesamientos de libro, como los de Garzón y se han producido sentencias condenatorias ejemplares (recordemos el incumplimiento de la ley de banderas por muchos municipios catalanes y vascos en los que el fiscal se quedó con las manos cruzadas).
La acusación popular es una institución garantizada por el artículo 125 de la Constitución Española, y sería un escándalo mayúsculo su cercenación al servicio del poder ejecutivo que, de esta manera, controlaría ya todos los resortes de la justicia tapando el único resquicio que le queda a la cuidadanía para denunciar los abusos de poder, la corrupción y la cara dura de algunos a los que el gobierno no quiera perseguir.
Si a esto le llaman democracia, que con su pan se lo coman. No es más que una dictadura bochornosa al servicio de la mayoría ansiosa de perpetuarse en el poder controlando todos los resortes del mismo. Nada nuevo. La izquierda lo intentó en los años 30 y España acabó en un baño de sangre. Nadie sabe cómo acabará esto: por el momento vamos por cinco millones de parados y una crisis institucional sin precedentes, por la degradación de la clase política y de instituciones absolutamente prescindibles como la del Tribunal Constitucional. Zapatero es capaz esto y de mucho más y lo ha demostrado con creces en estos siete años, pues, como Atila, por donde pasa no vuelve a crecer la hierba.
LFU
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