Yo confieso

El diario «Ya» digital trae a su portada un hecho insólito. La Delegación del Gobierno ha incoado procedimiento sancionador, proponiendo la imposición de una multa de 300 € a un particular por tener el atrevimiento de «cantar el Cara al Sol con el brazo derecho alzado a modo de saludo falangista» en la puerta de acceso a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos una vez concluida la misa celebrada en sufragio de Francisco Franco y de todos los caídos que descansan en la basílica.

Para fundar su resolución, no tiene sonrojo en citar –en ausencia de norma alguna que tipifique tal actuación como merecedora de sanción- el artículo 26 de la Ley Orgánica 4/1997 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en virtud del cual constituye infracción leve “Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos”. Como lo han leído.

Es verdad que la «Ley de Memoria Histórica» prohíbe la realización de actos de naturaleza política dentro del recinto del Valle de los Caídos, aunque no establece sanción alguna para su contravención. Por otro lado, la ley no ha tenido desarrollo reglamentario por lo que existe una atipicidad de la conducta que, por lo tanto no puede ser objeto de sanción de ninguna clase.

Pues bien, tras este breve exordio, confieso solemnemente que yo también estaba en ese lugar, a la misma hora, y además, canté el Cara al Sol como lo hacían otros muchos y lo han hecho millones de españoles desde el año 1934, cuando se entonó por primera vez tan precioso himno en el Cine Europa de Madrid. En esta ocasión, además, ese cántico tuvo el sabor intenso de lo clandestino. Y ya estamos viendo las consecuencias. Las rosas convertidas en cadenas.

Esto es España. Una nación en la que, tras el paso del gobierno talibán de ZP, éste puede cantar alegremente la Internacional con sus ministras puño en alto, mientras se sanciona a un joven por cantar el Cara al Sol, y se clausuran y prohíben homenajes a Foxá por haber compuesto una de sus estrofas.

Debería cuidar la Delegada del Gobierno dónde pone su firma ya que tal resolución pudiera constituir un delito de prevaricación. Mientras tanto, es un ejemplo más del drama sectario y vergonzoso que padecemos

LFU