Que el Estatuto de Cataluña es esencialmente incompatible con la Constitución Española es algo meridiano para cualquier jurista mínimamente preparado sin excesivos condicionamientos ideológicos. Y miren que ya es difícil, porque en nuestra Carta magna, fruto del consenso forzado por los partidos nacionalistas, cabe casi todo. Se trata de un texto que agrede frontal y gravemente a la unidad de la Nación española y al principio de solidaridad entre las regiones que la integran, así como a determinados derechos fundamentales de los ciudadanos de dicha Comunidad.
Otra cosa es que el Tribunal Constitucional vaya a ser capaz de declararlo con la rotundidad que cabe esperar del máximo intérprete de la Constitución. Y es que el «más alto» Tribunal no va a emitir una Sentencia fundada en Derecho, sino una verdadera componenda política que ha necesitado más de tres años en fraguarse, por la servidumbre política de la mayor parte de sus magistrados. No olvidemos que, en definitiva y merced a la Ley Orgánica que lo regula, el Tribunal Constitucional no es más que un reflejo de la división existente en el Congreso de los Diputados y su independencia, por tanto es incluso menor que la del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República.
Tengo, por tanto, escasa fe en el engendro jurídico que pueda nacer como resultado de las eternas negociaciones mantenidas entre los magistrados, bajo la presión de los partidos políticos a los que deben su puesto. Pero una cosa es mostrarse escéptico ante la sentencia y otra muy diferente aceptar mansamente las inauditas presiones y gravísimas amenazas que desde la clase política catalana -y dentro de esta incluyo a la prensa apesebrada- se están profiriendo desde hace días para el caso de que la Sentencia que recaiga no sea del gusto de los autores del engendro estatutario, apelando incluso al peligro para la convivencia ciudadana.
Lo que está en juego en este caso es la dignidad nacional de España. El problema es que quien tiene el encargo y la obligación de defenderla es, precisamente, el principal impulsor de ese Estatuto ignominioso. Así que otra vez tenemos el zorro al cuidado de las gallinas. Que Dios se apiade de España.
LFU
Esta pléyade de paniaguados escribas y amanuenses parecen olvidar que la función del Tribunal Constitucional es precisamente vigilar y velar por la constitucionalidad de las leyes, y el Estatut no es ni más ni menos que una ley, haya sido o no aprobado por referendum.
ResponderEliminarSi el Tribunal entiende que el Estatut se ajusta a la Constitución, la Ley Suprema de todos los españoles, adelante con él. Ahora bien, si aprecian rasgos de incontitucionalidad en algunos de sus artículos, habrá que eliminarlos.
Lo que están haciendo Montilla, sus socios y los medios de comunicación catalanes es subvertir la legalidad vigente,un pronunciamiento en todo regla, una amenaza nada velada de repetir lo de Companys en 1934.
Y por cierto:lamentable y vergonzoso el silencio de Rajoy a comentar siquiera la estrategia amenazante de quienes, por otro lado, ya han acabado con la Constitución.
ResponderEliminarIgual de vergonzante que la postura silente de los Obispos catalanes, como Sistach,cómplices del gobierno nacionalsocialista.