Ha pasado casi desapercibida la reunión, con luz y taquígrafos, mantenida por el Ministro de Justicia con los responsables de los abortorios que están siendo objeto de una investigación judicial relacionada con la comisión de diversos delito de aborto. Es un verdadero escándalo que estando abiertas unas diligencias judiciales, nada menos que el Ministro de Justicia se posicione públicamente en favor de los presuntos delincuentes y, no contento con ello, advierta en tono amenazante -secundado por el Ministerio fiscal- que no tolerará intromisión alguna en la intimidad de las mujeres que han abortado en dichas clínicas, ya sea legal o ilegalmente, en alusión directa al Juez que ha llamado a declarar como testigos a diversas mujeres que abortaron en dichos centros.
No existen precedentes en la historia de España de un hecho de tanta gravedad perpetrado por un Ministro de Justicia español, despreciando no sólo la acción de la Justicia y la división de poderes, sino ciscándose directamente en el Código penal vigente.
Hasta esta misma mañana, el aborto sigue siendo un delito en España (artículo 144 y siguientes del Código penal) y que sólo en ciertos supuestos contemplados por la ley está despenalizado, lo que no convierte su práctica en tales casos en un derecho merecedor de protección alguna.
Pues bien, ¿qué va hacer Fernandez Bermejo y la fiscalía si al final resultan condenados los responsables de los abortorios? ¿qué si condenan a las mujeres que asesinaron a sus fetos de siete meses?. ¿Va a garantizar su derecho a la intimidad?. ¿va a aplicar medidas disciplinarias contra el juez?
Esto es una verdadera vergüenza. Y más vergüenza me da que la prensa nacional no haya reaccionado de manera más contundente contra uno de los atentados más graves contra el Estado de derecho que ha cometido un gobierno presuntamente democrático.
LFU
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